Por Lucía Cholakian Herrera
Los desafíos estructurales de la educación en la Argentina se profundizaron durante la pandemia: no se trata sólo de que el ciclo lectivo en 2020 haya transcurrido casi enteramente de manera remota -y por lo tanto, de que muchas y muchos no hayan accedido a la cursada virtual-, sino también de la pérdida de distintos espacios y vínculos relacionados con la presencialidad.
Con el retorno a la presencialidad a mediados de febrero en algunas jurisdicciones y comienzos de marzo en otras, los balances acerca del impacto que tuvo el 2020 en los procesos educativos son insumos para avanzar sobre los modelos híbridos de 2021.
En Infancia en Deuda nos propusimos una serie de entrevistas para analizar las problemáticas históricas y coyunturales vinculadas con el derecho a la educación, para poner la lupa sobre las políticas que se llevaron adelante hasta ahora, y para pensar las necesarias para el futuro.
En esta cuarta entrega conversamos con Alejandra Cardini, directora de Educación de CIPPEC y doctora en Educación por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Realizó su maestría en Políticas Educativas en el Instituto de Educación de la Universidad de Londres (UCL), es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y profesora para la enseñanza primaria. Es profesora de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Austral (UA) y de la Universidad de San Andrés (UdeSA).
En base a la experiencia del retorno en algunos distritos y los protocolos que se presentaron, ¿qué medidas consideran acertadas y cuáles faltan para una vuelta segura a la presencialidad?
El año pasado las respuestas fueron hacia la emergencia que implicó el cierre de las escuelas por la pandemia. La primera respuesta fue buscar canales alternativos para la presencialidad, con los costos que esto suponía, tanto a nivel individual como institucional. El eje que rige la vuelta a clases en el 2021 es la presencialidad. Eso es muy importante, porque sabemos que no se puede prescindir de una presencialidad. En relación al regreso a clases de este año, uno de los aciertos fue pensar en unidades más pequeñas de decisión. Es decir, que cada provincia pueda plantear un protocolo de acuerdo a las características de la provincia, de las escuelas, de la circulación del virus en cada territorio; y más aún, pensar en cada escuela viendo cómo adapta y cómo ajusta los protocolos para su propia realidad. Eso es muy acertado y muy necesario.
Y hay dos grandes desafíos. Uno tiene que ver con la distancia que existe entre los protocolos y lo que se puede implementar. Ahí la política educativa, las jurisdicciones y la nación tienen que apoyar a las escuelas y las familias para que se pueda cumplir con ese protocolo y que no haya una distancia tan importante entre las regulaciones y lo que puede suceder en las escuelas. El segundo gran desafío es la articulación intersectorial. El regreso a las aulas requiere de respuestas que contemplan varias medidas: educativas, epidemiológicas, sociales y de infraestructura. Para poder avanzar en esas medidas y dar las condiciones de posibilidad de una escolarización segura, es muy importante que exista esta articulación intersectorial.
El «Mapa de la educación inicial en Argentina» da cuenta de grandes desigualdades en el acceso a los jardines maternales y la educación inicial. ¿Cree que el regreso a la presencialidad significa un avance para resolver esa disparidad?
El libro que hemos escrito junto a UNICEF da cuenta de las desigualdades en el nivel inicial, y el regreso a la presencial es una forma de mitigarlas pero no necesariamente de revertirlas. Esas grandes desigualdades son preexistentes. La pandemia las profundizó, pero las desigualdades en el acceso a la calidad de los diseños curriculares, en la cantidad de docentes y equipos que hay en las escuelas; las diferencias que hay entre una jurisdicción y otra, las que hay entre sectores urbanos y rurales, son todas previas a la pandemia.
En ese sentido, es fundamental el regreso a las aulas de nivel inicial. Esto va a permitir mitigar los efectos de la interrupción que hubo el año pasado. Además, van a tener efectos positivos no solo educativos, sino también en las tareas de cuidado de las mujeres. Es una medida importantísima, pero no hay que perder de vista que hoy estamos hablando de mitigar las desigualdades y no de revertir. Se necesitan muchas más políticas para poder revertirlas.
¿Consideran que algún modelo de gestión educativa en la pandemia en nuestra región podría ser tomado como modelo?
La pandemia presentó tal disrupción al sistema educativo que es muy difícil encontrar un modelo de gestión educativa ideal. Inclusive en los países con mayores recursos y capacidades preexistentes, fue difícil encontrar soluciones para gestionar en pandemia, porque era muy difícil encontrar un modelo que pudiera abarcar todos los problemas que se abrieron. En abril del 2020 había un 92 por ciento de los estudiantes del mundo en sus casas por el cierre de escuelas. Eso fue muy complejo y presentó una disrupción sin precedentes.
Dicho esto, en América Latina hubo muy buenas prácticas, como el caso uruguayo. Desde un primer momento su ministro dijo «en Uruguay estamos aplicando una estrategia que va paso a paso; damos un paso, evaluamos y después definimos hacia dónde dar el siguiente». Eso fue muy importante en un contexto de tanta incertidumbre. Uruguay decidió diferenciar entre los distintos ámbitos de las escuelas y ellos fueron desde un principio los que propusieron seguir con la presencialidad en las escuelas rurales, donde había baja circulación del virus y menos infraestructura para tener educación a distancia.
Se planteó rápidamente un modelo para definir cómo se avanzaría en las clases presenciales en función de la territorialidad. Otra buena práctica de Uruguay fue en la educación a distancia, que se volvió tan importante con la pandemia. Uruguay se apoyó muy bien sobre una estrategia nacional de educación y de educación digital que ya tenía montada con el Plan Ceibal desde 2006. A través de la política “Ceibal en casa”, permitió acompañar la educación a distancia el año pasado y este año. Me parecen dos cuestiones muy interesantes para resaltar de nuestro país vecino.
¿Qué rol debería jugar la sociedad civil y las organizaciones en esta nueva etapa de modelo educativo híbrido?
En esta etapa, avanzar hacia modelos combinados es la respuesta para garantizar el derecho a la educación. Va a ser clave hacer eso contemplando la justicia educativa, contemplando que no todos tienen las mismas oportunidades. Es necesario trabajar sobre esas condiciones para que haya posibilidad de aprender y que sea un aprendizaje profundo también a la distancia.
En relación con la articulación entre distintos actores, la academia, los sindicatos, las organizaciones, la sociedad civil y las áreas de RSE de las empresas tienen que empezar a trabajar de manera más articulada con la política educativa, sobre todo para evitar las iniciativas que son atomizadas o se superponen. Estos abordajes más individuales o más institucionales, que no tienen articulación, tienen mucha menos posibilidad de impactar, escalar y sostenerse en el tiempo. Una primera cuestión es la necesidad de articular entre sectores, sobre todo en pandemia, y acá el rol de las organizaciones y de la sociedad civil puede ser muy importante.
En líneas generales, se pueden considerar tres cuestiones en las que pueden aportar la sociedad civil y las organizaciones. La primera es el trabajo más territorial, de apoyo a las políticas educativas que vienen desarrollando muchas organizaciones territoriales hace mucho tiempo: espacios de juego en contra turno, apoyos escolares, comedores. Es un desafío que estas organizaciones trabajen cada vez más cerca de las escuelas que están en su territorio para poder aportar en este momento, donde además la escuela no provee del espacio suficiente para incluir a todos sus alumnos y alumnas en el mismo momento. Entonces todos esos espacios, todas esas actividades que puedan desarrollarse en organizaciones territoriales de la sociedad civil, son fundamentales si están bien articuladas con la escuela y con el sistema educativo.
El segundo gran aporte pasa por el apoyo técnico y la producción de evidencia y de conocimiento sobre los desafíos y las oportunidades de los modelos híbridos o combinados. En CIPPEC estamos haciendo un relevamiento de más de veinte modelos híbridos que funcionaban antes de la pandemia, pensando qué aportes y qué aprendizajes tenemos en relación a eso que ya ocurrió, para pensar cómo utilizarlos en este momento en que los modelos híbridos o combinados son fundamentales para la política educativa. Así que todo ese saber de producción de conocimiento, e incluso el apoyo técnico en la implementación, es clave para para aportar desde el tercer sector.
El tercer gran aporte tiene que ver con sostener a la agenda educativa en el centro de la escena política. Esto se ha logrado en distintos países de América Latina, con una articulación muy fuerte entre organizaciones de la sociedad civil, que están todo el tiempo poniendo sobre la mesa la necesidad de que la política educativa y el financiamiento educativo sean clave de las políticas del país. Entonces, armar espacios de diálogo que velan por la visibilización y la priorización de una agenda educativa es el tercer aporte que puede hoy poner sobre la mesa la sociedad civil.
