Argentina rendirá examen frente al Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas

El colectivo de organizaciones de defensa y promoción de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Infancia en Deuda presentó un informe ante el Comité de Derechos del Niño para que sea tenido en consideración en el proceso de monitoreo al que es sometido nuestro país.

El documento, realizado de manera conjunta por las organizaciones de IED, informa al Comité sobre un estado de situación que fue objeto de recomendaciones por parte de este organismo en sus “Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de la Argentina” y que desde este colectivo consideran que son las principales deudas pendientes que tiene el Estado Argentino con los derechos de las infancias y las adolescencias.

NUESTROS EJES PRINCIPALES:

La situación del Sistema de Protección Integral de Derechos

A casi dos décadas de la promulgación de la Ley 26061, no todas las provincias se han adherido a la norma. Además, Argentina todavía no cuenta con un Plan Nacional por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a mediano y largo plazo como establece esta ley.

En cuanto a las medidas excepcionales de derecho, no existen estándares mínimos que deban garantizarse en el momento en que se decide la institucionalización de un niño o niña. Alarman cuestiones como: la sobreocupación en los Dispositivos de Cuidado, el incumplimiento del derecho a contar con abogado del niño, la ausencia de  estándares mínimos para la institucionalización de un niño o niña, la falta de un marco nacional de coordinación entre administraciones e instituciones, la permanencia fuera del plazo legal de chicas y chicos en dispositivos de cuidado, y la falta de capacitación, la ausencia de procesos de selección transparentes y la escasa remuneración de los trabajadores y trabajadoras.

Asignación de recursos 

Desde el año 2021, el Estado Argentino viene disminuyendo de forma constante la inversión en los derechos de niñas, niños y adolescentes. Es preocupante la situación para este año, en que no habrá ley de presupuesto: el presupuesto real en derechos de NNA en 2024 es un 72,7% menor que el ejecutado en 2023 y un 78,5% que el ejecutado en 2021.

Se señala con particular preocupación los bajísimos niveles de ejecución de los programas específicos para las infancias y adolescencias en materia de salud y educación. En salud, en los primeros tres meses del año solo se ejecutó un 7,66% del presupuesto vigente. En educación, en el mismo tiempo, no se llega al 9% de ejecución y hay programas que registran una inejecución total.

Se destaca la invalidez de las reducciones que hace el Estado Nacional del gasto público de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos.

Sobre las funciones de la Defensoría de Derechos de NNA

La difusión de recomendaciones y de pronunciamientos por parte de la Defensoría no es suficiente para dar cumplimiento a las funciones que le son establecidas por ley. El Estado debe proporcionar recursos y generar las condiciones para el impulso de acciones de exigibilidad y protección de derechos por parte de organismos independientes. 

Nivel de vida

Alarman los altísimos niveles de pobreza y pobreza extrema de las infancias y adolescencias en Argentina, la pérdida de valor de las transferencias a NNyA, la falta de universalidad del sistema y los preocupantes niveles de subejecución en las políticas alimentarias. 

La situación socioeconómica de las infancias y adolescencias en Argentina adquirió en los últimos años dimensiones absolutamente críticas y alarmantes, al punto de que resulta ser la más grave desde que el Estado es evaluado por el Comité de los Derechos del Niño. Desde la última evaluación realizada por el Comité, más de 3.5 millones de NNA (casi 30% del total) se convirtieron en pobres y más de 3.1 millones en indigentes (casi 26% del total). Todo ello en tan solo 6 años. 

Sobre el sistema de transferencias. Desde 2019, la AUH viene disminuyendo su capacidad de protección de ingresos. En promedio, en dicho año cubrió un 61% de una Canasta Básica Alimentaria y el 24% de una Canasta Básica Total. A febrero de 2024, cuatro años después, sólo permite cubrir un 40% y un 18%, respectivamente. 

También la Prestación Alimentar ha ido perdiendo su valor debido principalmente a que no tiene fórmulas de actualización y sus aumentos se dan de manera discrecional y siempre por debajo de los índices de inflación.

Quienes recibían dinero de AUH y Alimentar lograban, en 2021, cubrir el 98% de una CBA y el 42% de una CBT. Ahora reciben un 75% y un 35%, respectivamente. 

Además, buscamos someter a consideración del Comité la exclusión de adolescentes de 15-17 años de la Prestación Alimentar. Por la limitación etaria del Programa, 558.11821 adolescentes solamente reciben la AUH y cubren apenas el 40% de una alimentación mínima.

En cuanto a las políticas alimentarias, en 2024 el Estado Nacional Argentino redujo drástica e intempestivamente la asistenciaa organizaciones barriales, comedores escolares y otras que prestan un servicio alimentario directo y gratuito, enmarcado en la Ley 25.724 y el  Programa de Nutrición y Alimentación Nacional. Esta decisión resulta en una gravísima violación a los derechos humanos de un gran número de chicas y chicos al  negarles la posibilidad efectiva de alimentarse. 

Derecho al cuidado

El acceso al cuidado en Argentina es deficiente y presenta una cobertura de calidad dispar y con políticas públicas desarrolladas sin una perspectiva integral e inclusiva. Solo el 19,1% de las niñas y niños entre 0 y 3 años accede a servicios de cuidado y educación, con fuertes disparidades por región y por niveles de ingresos.

Además, en el 21% de los hogares con niñas y niños, se observan situaciones de cuidado inadecuado: es decir, niñas y niños que se quedan solos o bien al cuidado de sus hermanas y hermanos menores de 18 años.

Del total de hogares con población que necesita cuidado, 7 de cada 10 lo resuelven solamente a través del trabajo no remunerado de uno o más miembros, generalmente mujer, del propio hogar. Ello impacta de manera negativa en las situación socioeconómica de las mujeres y perpetúa la insuficiencia de los cuidados que reciben NNA. 

Derecho a la vida, supervivencia y desarrollo 

La situación de grupos en especial situación de vulnerabilidad

Salta 

Los NNA de las comunidades originarias del norte de la provincia de Salta viven en una situación de absoluta vulneración de sus derechos humanos. La situación continúa siendo crítica pese a la declaración de emergencia sociosanitaria en los departamentos de San Martín, Rivadavia y Orán, todavía vigente. La tasa de mortalidad infantil, que a nivel nacional disminuyó a 8,4% al 2020, es muy superior en regiones donde residen mayormente comunidades originarias, como La Poma (41,7%), Morillo (26,6%), Nazareno (19,2%) y Rivadavia (18,9%).

Según la información provincial, en los últimos años fallecieron 108 niñas y niños en 2020, 64 en 2021 y 44 en los primeros tres meses de 2022.

Para el segundo trimestre de 2021, 7.543 niñas y niños de entre 0 y 5 años presentaron riesgo nutricional, 470 bajo peso y 44 muy bajo peso.

Resulta relevante mencionar que el Estado no ha publicado estadísticas, informes o comunicados oficiales recientes que permitan conocer con exactitud la mortalidad infantil.

Numerosas comunidades originarias del Chaco Salteño también se encuentran en riesgo crítico debido a la ausencia de agua potable y segura. Autoridades locales y referentes comunitarios reconocieron en el transcurso del año 2024 el gran aumento de casos de diarreas y gastroenteritis. 

Santiago del Estero 

En los últimos tres censos poblacionales, la provincia de Santiago del Estero se ubicó entre las 5 provincias con mayor índice de pobreza. En este territorio, se evidencia una marcada precariedad en los accesos a salud, empleo, servicios básicos de vivienda y educación. 

Según un estudio realizado por Haciendo Camino y la Universidad Católica Argentina más de la mitad de las familias (57%) sufren inseguridad alimentaria. El 97% carece de red de cloacas y conexión a la red de gas natural en sus casas y el 91% no tiene desagües pluviales en la cuadra de su casa. 

Un ejemplo claro de la falta de llegada del Estado son la desnutrición crónica, que padecen el 31% de los niñas y niños menores de 5 años, según el Ministerio de Salud de Santiago del Estero.

Violencia contra niñas y niños

Por razones vinculadas al género

Persiste el déficit de políticas con enfoque interseccional que tengan en cuenta la realidad de las mujeres y niñas y adolescentes.  La producción de informes sobre violencias contra NNA continúa siendo un desafío para la seria elaboración de políticas.

Durante enero de 2024, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación atendió a 1.631 personas y 1.237 resultaron afectadas por el fenómeno. El 47% de estas personas eran mujeres jóvenes y adultas y el 37% eran niñas, niños y adolescentes. 

Se sostiene la necesidad de articulación entre los programas de justicia, salud o desarrollo social que atienden violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes. El déficit en el abordaje integral también se ve en la falta de políticas de apoyo económico sostenido para las mujeres, niñas y adolescentes que denuncian hechos de violencia. 

Familiar (corporal y malos tratos) 

El Estado no genera ni aporta evidencia sobre la posibilidad de que quienes viven en centros de acogida o detención puedan utilizar canales de denuncia ni que posteriormente al llamado se activen mecanismos de protección de derechos. Tampoco se da cuenta de que efectivamente puedan acceder al abogado del niño. 

Discapacidad

Educación inclusiva

A la fecha el Estado argentino no ha sancionado una legislación integral ni ha implementado programas específicos para asegurar la igualdad de los y las niñas, niños y adolescentes con discapacidad en el ámbito educativo. Este grupo continúa viendo vulnerados sus derechos.

Algunos NNA con discapacidad están absolutamente excluidos del sistema educativo, otros permanecen segregados en escuelas especiales y otros asisten a las escuelas generales, pero sin recibir los apoyos que requieren. 

Institucionalización por motivos de salud mental

Observamos con suma preocupación la ausencia de estrategias de fortalecimiento familiar, de intervenciones domiciliarias-comunitarias y de dispositivos de cuidados alternativos a la internación. El modelo manicomial sigue siendo el predominante. 

La institucionalización psiquiátrica de las infancias mostró un incremento con una importante tendencia progresiva en el último tiempo. Las chicas y chicos con un diagnóstico en el campo de la salud mental atraviesan un circuito institucional de múltiples derivaciones, discriminación y exclusión tanto en el ámbito educativo como sanitario, y enfrentan procesos de medicalización y de abordajes asilares tendientes al control y a la normalización social.

La ausencia de acciones vinculadas a la inclusión educativa tiene como efecto la pérdida del ciclo lectivo de la mayoría de NNA que cursan internaciones prolongadas y la violación del derecho a la opinión y al consentimiento informado de NNA. La desprotección de este grupo es palmaria. 

Educación

Educación Sexual Integral 

A casi 18 años de la sanción de la Ley 26.150 que crea el Programa Nacional de Salud Sexual Integral, más conocido como ESI, los datos reflejan la importancia del sostenimiento del programa en las escuelas y su impacto positivo en las niñeces y adolescencias.

Se destaca el impacto positivo de su implementación junto con otras políticas como el Plan de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA) y la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y se alerta sobre el hecho de que diferentes referentes del Poder Ejecutivo Nacional se han pronunciado en contra de leyes como la de ESI y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, y de que día a día se vienen desfinanciando programas que desde su implementación no hacen más que demostrar que son eficaces. 

Medidas especiales de protección

Administración de la justicia penal juvenil 

La no derogación del decreto 22.278 incumple las reiteradas observaciones de este Comité y los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el período analizado, no hubo siquiera ningún proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo en este sentido. 

Los datos oficiales muestran que la práctica ilegal de privación de libertad o la sanción a las personas no punibles en razón de su edad continúa realizándose. En el año 2021 había 743 personas menores de 16 años privadas de libertad o sancionadas penalmente. Asimismo, este informe señala que en los dispositivos penales juveniles había, para el mismo período, 119 personas menores de 16 años privadas de libertad o cumpliendo sanciones penales. (Nota: debido a imprecisiones en los datos, este número podría ser mucho más alto de lo reportado.)

La implementación de la matriz de justicia restaurativa se encuentra fragmentada y desarticulada.

En este link podés acceder al documento completo con las recomendaciones hechas al Comité:

Informe al Comité de Derechos del Niño – Infancia en Deuda