La Cámara de Diputados de la Nación designó a sus cinco representantes para conformar la Comisión Bicameral que debe elegir y designar al Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Argentina, cargo vacante desde su creación, hace 13 años.
Según la resolución de la presidencia de la Diputados, se trata las legisladoras Samanta Acerenza (PRO-CAMBIEMOS), Carl a Carrizo (EVOLUCIÓN RADICAL), Soledad Carrizo (UCR), Verónica Mercado (FPV) y María Florencia Peñaloza Marianetti (SOMOS SAN JUAN).
El Senado ya había designado a sus miembros representantes: las senadoras Gladys González (PRO), Pamela Verasay (UCR-CAMBIEMOS), Norma Durango (FPV-PERONISMO PAMPEANO), Sigrid Kunath (FPV) y Anabel Fernández Sagasti (FPV).
Desde INFANCIA EN DEUDA celebramos este avance, pendiente tras el recambio parlamentario, y pedimos celeridad para designar autoridades de la Bicameral que debe reactivar el concurso público de oposición y antecedentes para elegir al Defensor del Niño y concretar su designación.
En 2005, la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes estableció que una Comisión Bicameral del Congreso Nacional debía nombrar al Defensor del Niño de la Nación en el plazo de 90 días.
Luego de 12 años, en 2017, el Congreso acató una sentencia judicial originada en una presentación realizada por INFANCIA EN DEUDA y otras organizaciones y conformó una Bicameral para iniciar el proceso de designación del Defensor del Niño. Esta comisión abrió la convocatoria en octubre y admitió a 68 postulantes.
Tras el recambio legislativo de diciembre, el nuevo parlamento debía constituir la nueva Bicameral para continuar con el proceso de selección y nombramiento del Defensor del Niño, que ya tiene presupuesto asignado: 50 millones de pesos (también cuenta con presupuesto la Bicameral: 6.235.000 de pesos).
La tarea pendiente de la nueva Bicameral:
La nueva Bicameral debe finalizar el proceso de designación del Defensor del Niño: el concurso deberá garantizar que el examen de oposición sea anónimo; elaborado y corregido por un jurado de expertos; y con indicadores objetivos previamente publicados para su corrección. Asimismo, los antecedentes deberán ser valorados de forma objetiva, con puntajes previamente determinados.
El procedimiento de convocatoria, análisis y evaluación de las y los candidatos y propuesta de designación debe ser público, transparente, y contar con instancias de participación y control por parte de la ciudadanía y la sociedad civil
La creación de la Defensoría del Niño constituye una obligación legal, puesto que se trata de un cargo creado por una ley nacional de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño (el más universal de los tratados internacionales, con rango constitucional) y es de aplicación obligatoria en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que se adopte respecto de las personas hasta los 18 años. Pero es, también, una necesidad imperiosa ante el contexto de vulneración de derechos que atraviesan las niñas, niños y adolescentes en nuestro país.