En el país, 5,6 millones de niñas, niños y adolescentes son pobres. Entre estos, 1,3 millones están en la pobreza extrema y pasan hambre. Entre los adultos, la pobreza afecta al 29,7%, unos 18 puntos menos que entre los que tienen menos de 17 años, según un informe de UNICEF. De la mano de la infantilización de la pobreza crecen la deserción escolar, el trabajo infantil y la malnutrición. #InfanciaEnDeuda pide reforzar las políticas públicas para revertir esta situación, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), que ayuda a reducir la pobreza extrema.
Las organizaciones civiles que llevan adelante la causa #InfanciaEnDeuda renovaron el reclamo de atender con urgencia la situación socio-económica de los niños, niñas y adolescentes de la Argentina, al conocerse un nuevo informe de Unicef, realizado sobre la base de datos del Indec del último trimestre de 2016. Según ese relevamiento, el 47,4% de los chicos y chicas es pobre. La tasa aumenta al 85% cuando el niño reside en un hogar cuyo jefe o jefa está desocupado; al 64% cuando es inactivo, y al 65% cuando es un asalariado informal. La vulneración de derechos básicos de la niñez y adolescencia incide negativamente en la primera etapa de la vida y reproduce la situación de pobreza hacia la adultez.
De la mano de la infantilización de la pobreza crecen la deserción escolar, el trabajo infantil y la malnutrición. Según el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, el 12% de los niños/as de 5 a 17 años trabajaba en actividades domésticas intensivas (4,3%) y/o en el mercado (9,5%) a pesar de que la Ley 26.390 incorporó a partir de 2013 la prohibición de emplear a menores de 16 años.
El trabajo infantil, una modalidad de explotación laboral, contribuye a la desigualdad e impide el acceso de la niñez y adolescencia a derechos elementales, como la educación, la salud, el acceso a tiempo libre y al juego, entre otros. Según el Fondo para la infancia ONU (2011/2012), más de 80.000 niñas, niños y adolescentes dejan de asistir a clases para ingresar al mercado laboral.
La infantilización de la pobreza también afecta los derechos sexuales y reproductivos. Al respecto, CIPPEC –una de las ONGs que forma parte de #InfanciaEnDeuda- señaló que en la Argentina, uno de cada seis nacidos vivos es hijo de una madre adolescente; y el 69% de estos embarazos fue no intencional.
Del reciente informe de Unicef –del que también participó el Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (IELDE) de la Universidad Nacional de Salta- surge que las asignaciones que los grupos familiares reciben por parte del Estado reducen 30,8% la pobreza extrema y, en menor medida, la pobreza general que desciende 5,6 por ciento.
Estos datos demuestran la importancia de dar prioridad a los derechos de la niñez y adolescencia en la agenda de políticas públicas. La pobreza extrema podría eliminarse si el Estado argentino atendiera a las familias de los 1,3 millones de chicos y chicas que pasan hambre, garantizando su acceso a la protección social.
Con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la Ley 26.061 promulgada en 2005, es urgente que el Gobierno analice la situación socio-económica de los 5,6 millones de niñas, niños y adolescentes pobres, en conjunto con las organizaciones dedicadas a la búsqueda del bienestar de la infancia y adolescencia, para revertir la infantilización de la pobreza. Para ello, la designación del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, figura contemplada en la ley, es una herramienta fundamental.
