Frente a los nuevos datos aportados por la Universidad Católica Argentina (UCA) en su reciente reporte del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia 2016, que indican que el 58,7% de las niñas, niños y adolescentes argentinos es pobre, las organizaciones civiles que llevan adelante la causa #InfanciaEnDeuda renuevan el reclamo de atender con urgencia la situación socio-económica de este grupo etario de la Argentina, país que concentra las peores condiciones de vida en la infancia y adolescencia. Es el Estado el que debe redoblar sus esfuerzos para generar políticas públicas que reviertan la infantilización de la pobreza y su profundización. La falta de implementación de una política coordinada e integral y los déficits en la ejecución del presupuesto necesario para garantizar sus necesidades afectan severamente los derechos de la primera infancia.
De la mano de la infantilización de la pobreza crecen la deserción escolar, el trabajo infantil y la malnutrición. Reforzando las políticas públicas se puede revertir esta situación, a través de herramientas como la Asignación Universal por Hijo (AUH), que ayuda a reducir la pobreza extrema.
El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) -una de las ONGs que forma parte de #InfanciaEnDeuda-, señaló que el 45,8% de niños, niñas y adolescentes de hasta 14 años de grandes aglomerados urbanos vivían en situación de pobreza en el segundo semestre de 2016, porcentaje que casi duplica el 26% referido al resto de la población. Las cifras revelan la prioridad que las políticas públicas le dan a los derechos de la niñez y adolescencia en su agenda.
En relación a los datos de salud, en el informe “Estado de la situación de la niñez y la adolescencia”, UNICEF reportó una tasa de emaciación (desnutrición aguda) para la población menor de 6 años del 1,3% para el promedio país y un 8% de prevalencia para los niños y niñas con talla baja. En contraposición, se vislumbraron prevalencias crecientes de obesidad (10,4%), con las regiones GBA y Pampeana, por encima del dato nacional; y de anemia resultante de la carencia de micronutrientes (16,5%), con las regiones de NEA, NOA y GBA, también por encima del dato nacional.
Es importante destacar el aumento de los casos de malnutrición, expresado en niñas, niños y adolescentes con obesidad o sobrepeso que, según datos de 2005, representan el 10,4 por ciento de personas de entre 6 meses y 5 años. Si bien la incidencia es mayor en niños, niñas y adolescentes que no están en condición de pobreza (11,8% contra 9,7%), no es una problemática que sólo se asocia a los sectores más pudientes. La falta de alimentación, como la mala alimentación atentan contra el derecho a la salud y a una vida saludable. Sin datos oficiales desde 2005, #InfanciaEnDeuda reclama que se realice la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud para aportar a la construcción de bases sólidas para el futuro. Sin ellas, nos enfrentamos a un panorama social preocupante y con carencias estructurales que será muy difícil reducir.
La infantilización de la pobreza, que vulnera el derecho de 7,6 millones de chicos y chicas, podría revertirse de volcarse el presupuesto adecuado para mejorar sus condiciones. En 2016, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) sólo ejecutó 306.486.279 pesos (devengado consumido) de los 745.456.716 asignados para el ejercicio de ese año. Estas cifras implican que sólo se gastó el 41,1% de los recursos disponibles, lo que supone que el 58,9% de los recursos destinados a este organismo fueron inutilizados o sub-ejecutados. Mientras seis de cada diez chicos y chicas es pobre, sigue sin nombrarse el Defensor de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
