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Compromiso por la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes en todo el país

 

Desde Infancia en Deuda hemos impulsado numerosas acciones para visibilizar la ausencia del/a Defensor/a de Niñas, Niñas y Adolescentes y promover su designación. Trabajamos con la firme convicción de que su designación contribuirá a garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia. Para asegurar esos avances es importante establecer claramente el rol de la Defensoría y las problemáticas prioritarias. El proceso iniciado recientemente cuenta con 68 candidatas y candidatos, a quienes invitamos a adherir a estos puntos prioritarios que, según consideramos, deberán guiar el inicio de las acciones institucionales y las principales problemáticas a atender, desde una perspectiva de derechos, de género y sin discriminación.

El/la Defensor/a de Niñas, Niños y Adolescentes, que debió designarse hace 12 años y aún es una figura ausente, debe constituirse como garante de los derechos de la infancia y la adolescencia y exigir activamente su cumplimiento.

La especial situación de la infancia y adolescencia en materia de ejercicio de derechos, las limitaciones que de hecho se aplican para su participación y opinión en los temas que les son inherentes, reafirman la importancia de la Defensoría como institución fundamental para garantizar la participación, escucha y ejercicio de los derechos de la infancia y la adolescencia.

¿Qué debe hacer el/la Defensor/a?

Debe exigir el cumplimiento de las leyes que garantizan el ejercicio de los derechos de la infancia y la adolescencia. Para ello, es importante que quien ocupe el rol de defensor o defensora priorice las siguientes acciones:

  1. El conocimiento profundo de la situación de la infancia y adolescencia en relación con el cumplimiento de sus derechos, analizando y supervisando las políticas públicas involucradas. Esto debe conducir a un abordaje de oficio de las problemáticas que afecten a la infancia y adolescencia  desde su detección, propiciando la comunicación con las comunidades afectadas y promoviendo su atención aún antes de que realicen reclamos.
  2. La difusión de información precisa y actualizada sobre la vigencia de los derechos de la infancia y adolescencia, que surja del trabajo de investigación mencionado en el punto (1) e incorporando en todos sus diagnósticos, acciones y estrategias, la perspectiva de género y diversidad, contemplando las situaciones de pobreza, discapacidad y/o pertenencia  a comunidades especialmente expuestas a situaciones de vulnerabilidad.
  3. La intervención en el desarrollo de protocolos de actuación que conduzcan a promover la exigibilidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
  4. El cumplimiento de las funciones que le asigna la ley, trabajando activamente en la determinación de las problemáticas vigentes, el diálogo con actores involucrados, la realización de las acciones administrativas y judiciales pertinentes para asegurar a niñas, niños y adolescentes el efectivo goce de sus derechos, en todo el territorio nacional. Esas acciones deberán contemplar, en su diseño, los tiempos específicos de la infancia y adolescencia  y de las problemáticas específicas, cuando así lo requieran.
  5. El registro y la documentación de  las violaciones a los derechos de la infancia y adolescencia, que lleguen a su conocimiento, generando mecanismos que garanticen la transparencia de sus intervenciones.

 

La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes debe dar tratamiento urgente a las siguientes cuestiones:

  1. Producción de información: Promover la producción de información estadística adecuada, especialmente en materia de pobreza (que deberá considerarse con mediciones multidimensionales) y sobre las diferentes formas de violencia.
  2. Régimen Penal Juvenil: Exigir un debate profundo sobre la necesidad de una ley penal juvenil, que incluye la participación de las voces de la infancia y la adolescencia.
  3. Acción Federal: El/la Defensor/a deberá cumplir sus funciones a nivel federal, promoviendo la conformación y el fortalecimiento de los sistemas de protección de derechos a nivel local para reducir las inequidades que se presentan en la garantía de derechos en los diferentes puntos del país.
  4. Primera Infancia: Supervisar la implementación de políticas activas de primera infancia que incluyan la disponibilidad de jardines maternales y centros de primera infancia de cobertura nacional.
  5. Régimen de Asignaciones Familiares: Impulsar acciones para asegurar su universalidad y equidad.
  6. Derecho a la salud y a la alimentación de la infancia: Además de garantizar estos derechos, deberá impulsar y monitorear la realización de la encuesta nacional nutricional; exigir una política nutricional adecuada a esos resultados; realizar un diagnóstico y plan de acción sobre las acciones prioritarias en materia de salud que incluya el análisis de la situación de la infancia en relación con las enfermedades endémicas y desatendidas que afectan el territorio nacional.
  7. Derecho a la educación: Llevar adelante acciones que garanticen a la totalidad de los niños y niñas el derecho a la educación en condiciones equitativas. Para ello deberá intervenir a fin de asegurar la disponibilidad de vacantes para todos los niños y las niñas, supervisando los servicios educativos para que cumplan los estándares vigentes en materia de derecho a la educación, sin discriminación, y llevar adelante acciones a fin de garantizar la aplicación de la ley de educación sexual integral en todos los niveles educativos de todas las escuelas del país.
  8. Medios de comunicación: Promover medidas tendientes a asegurar que los medios de comunicación cumplan con sus obligaciones de preservar la identidad y los datos personales de niños y niñas, y promuevan un tratamiento no estigmatizante de niñas, niños y adolescentes.
  9. Presupuesto: Garantizar el cumplimiento del artículo 5 de la Ley 26.061 que exige absoluta prioridad para la atención y la asignación de recursos destinados a las políticas públicas de infancia. Exigir la eficiencia presupuestaria y la intangibilidad de los recursos, denunciar sub-ejecuciones y reasignaciones conforme el art. 72.
  10. Acceso a la Justicia: Promover acciones que aseguren el acceso a la justicia y servicios adecuados de contención y acompañamiento para niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia así como garantizar que aquellos/as que se encuentren bajo protección del Estado tengan una transición gradual y acompañada del sistema de cuidados alternativos a la vida adulta a fin de garantizar su plena inclusión social.

 

Para poder llevar adelante estas acciones de forma independiente, resulta fundamental garantizar la transparencia del proceso de concurso de oposición y antecedentes en la selección de quien resulte Defensor o Defensora.

 

Recibimos el compromiso firmado por las candidatas y los candidatos en info@infanciaendeuda.org o al correo postal de ACIJ, Avda. de Mayo 1161 1º piso C10855AAB.

 

Puede descargarse acá: Compromiso para descargar

 

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