La continuidad de la formación educativa y del vínculo entre los docentes y alumnos y alumnas en el actual contexto depende, en gran medida, del acceso a los dispositivos y recursos que facilitan los entornos virtuales de aprendizaje: equipos informáticos (tabletas, teléfonos móviles y computadoras) y conexión a Internet. Sin embargo, la pandemia evidenció la fuerte disparidad que existe en el país en cuanto a disponibilidad, distribución geográfica y calidad de estas herramientas, que constituye un obstáculo central para garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes.
Según un relevamiento publicado en julio de 2020 por el Ministerio de Educación de la Nación, durante el año pasado las escuelas utilizaron principalmente medios digitales para comunicarse con sus estudiantes: el 90% recurrió a mensajes de texto y aplicaciones de mensajería por teléfono celular y el 70% a llamadas por teléfonos móviles. Otros dispositivos empleados fueron el correo electrónico, las redes sociales, las plataformas educativas y de campus virtual y las plataformas para reuniones virtuales. En menor proporción se recurrió a las llamadas por teléfono fijo y a las emisoras de radio locales (estas últimas con mayor nivel de adopción en zonas rurales). Una experiencia similar tuvieron los adolescentes encuestados, que manifestaron haber usado las siguientes tecnologías para realizar tareas escolares durante aislamiento social preventivo y obligatorio: WhatsApp u otra aplicación de mensajería (88% de los casos), correo electrónico (60%), videos tomados de Internet (60%), plataformas educativas (58%), videos realizados por docentes (53%), videoconferencia (44%) y blog o página web de la escuela (32%).
De hecho, según ese sondeo, los equipos directivos y docentes de todos los niveles de enseñanza señalaron que las limitaciones en la conectividad a Internet y los recursos informáticos, y la poca experiencia del equipo docente en el uso de recursos electrónicos y digitales con fines pedagógicos, fueron las principales dificultades en la implementación de la propuesta de continuidad educativa en el marco del sistema de escolaridad a distancia.
Las políticas públicas orientadas a garantizar el acceso a las nuevas tecnologías desempeñan un papel clave. Si bien el gobierno nacional la semana pasada anunció el Plan Federal Juana Manso, a través del cual se proyecta distribuir, a partir de julio, 633.000 notebooks a estudiantes de escuelas secundarias del país, la implementación de los esquemas de educación remota durante la crisis sanitaria plantean numerosos desafíos. La brecha digital es uno de ellos.
Conectividad esencial
“La crisis ocasionada por el COVID-19 visibilizó y reforzó las desigualdades preexistentes en el acceso y disfrute del derecho a la educación, y tuvo un impacto significativo en el aprendizaje y la continuidad educativa de las y los estudiantes. La suspensión de las clases presenciales y la transformación hacia la escolaridad remota, en un contexto de considerables diferencias en el acceso a recursos de conectividad, terminó por generar que una porción del estudiantado haya podido continuar con su proceso educativo, mientras que otra -muy significativa- enfrenta serios obstáculos para poder hacerlo”, sostuvo Francisco Rodríguez, coordinador de Derechos Sociales de la Niñez de la Asociación Civil por la Igualdad de la Justicia (ACIJ). Por esa razón, la organización presentó una demanda judicial “para que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires garantice conexión a Internet y dispositivos tecnológicos para que las y los estudiantes de escuelas públicas de la ciudad así tengan acceso sin discriminación a la educación”.
“Durante el transcurso del último año, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha continuado sin adoptar medidas para garantizar la continuidad educativa de niñas, niños y adolescentes sin acceso a recursos digitales. En especial, pese a que la presencialidad es solo parcial, no ha asegurado conexión a estudiantes que sean considerados personas de riesgo y/o conviven con familiares que requieren un especial cuidado, ni para quienes integran burbujas sanitarias que deban ser aisladas –manifestó Rodríguez-. Tampoco ha generado soluciones para aquellas escuelas que no pueden sostener la presencialidad por condiciones de infraestructura inadecuadas para la crisis o cuyas plantas docentes y no docentes se encuentran reducidas por motivos de salud.”
La pandemia encontró a la Argentina con un 36% de hogares sin computadoras y un 9,9% sin acceso a Internet, según datos del Indec al cuarto trimestre de 2020. La población mayor de cuatro años que no usa computadora asciende al 58,9%, quienes carecen de teléfono celular representan el 12% y aquellos sin acceso a Internet suman el 14,4% en los aglomerados urbanos que releva la Encuesta Permanente de Hogares.
Pero la asimetría en el acceso a computadoras, teléfonos móviles y conectividad afecta en particular a las niñas, niños y adolescentes en edad escolar. La falta de computadoras impacta en el 60,7% de la población de entre 4 y 12 años, mientras que no usa Internet el 17,1% y no emplea teléfonos móviles el 36,8%. Un mayor nivel de acceso se registra en la franja de 13 a 17 años, donde no usan computadoras, Internet o teléfono celular el 45,6%, 4,7% y 7,3% respectivamente.
Incluso este año, en que varias provincias habilitaron las clases presenciales, el uso de los soportes informáticos mantiene su relevancia. Según un relevamiento de Argentinos por la Educación, realizado sobre una muestra de 262 escuelas estatales del nivel primario de todo el país, el 75,2% implementó un esquema de educación mixto, que combina educación presencial y virtual. Sólo el 5,3% de los establecimientos adoptó un modelo exclusivamente virtual y el 18,3% una propuesta totalmente presencial. “Lamentablemente un 1,2% de los alumnos no tuvieron contacto con la escuela bajo ninguna modalidad”, destaca el informe, publicado en mayo.
El estudio concluye que “la revinculación presencial con la escuela se está dando de manera parcial para muchos alumnos del país”. Y agrega que “solo en el 15,9% de las escuelas los alumnos asisten los cinco días a la semana de forma presencial. Cuando no se asiste presencialmente, en el 25,6% de las escuelas los alumnos tampoco lo hacen de manera virtual. Por otra parte, sólo el 10,8% de las escuelas cuenta con conectividad a Internet para que los docentes puedan brindar clases sincrónicas.”
En mayo del año pasado, Cippec publicó el documento “Educar en Pandemia: respuestas provinciales al Covid”, que releva las políticas educativas del gobierno nacional y de los 24 gobiernos provinciales ante la suspensión de clases presenciales, que afectó a más de 10 millones de estudiantes y casi 900.000 docentes de nivel inicial, primario y secundario. El estudio destaca que todas las provincias impulsaron contenidos pedagógicos, el 45% amplió la infraestructura digital de sus estudiantes y más del 60% desarrolló políticas de capacitación docente para el contexto de pandemia. Según el informe, “todas las provincias desarrollaron plataformas para distribuir contenidos digitales”, pero “por la proporción de estudiantes y docentes sin conectividad y dispositivos para acceder a los contenidos que se ofrecen en las plataformas, algunas provincias combinan tecnologías digitales con la difusión de contenidos propios por televisión y radio”.
Sobre la asimetría en el acceso a recursos informáticos y su impacto sobre la continuidad educativa también alertó la encuesta Percepción y actitudes de la población. Impacto de la pandemia y las medidas adoptadas sobre la vida cotidiana realizada el año pasado por Unicef sobre 2.678 de hogares. El sondeo consigna que el 84% de los hogares donde viven niños, niñas y adolescentes estuvo en contacto con el sistema educativo y recibió tareas escolares durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Un tercio de los hogares que no sostuvo tareas y actividades dijo tener problemas con el equipamiento necesario para realizarlas, como no poseer computadora, celular y/o conectividad para enviar y recibir materiales y consignas. Además, el 18% de las y los adolescentes declararon no tener acceso a Internet y el 37% manifestó carecer de tablets, notebooks o PCs.
El informe de Unicef destaca que “el contexto actual presenta importantes desafíos y tensiones, entre ellos, el desigual acceso a distintos recursos digitales y a conectividad entre los hogares del país”. Al respecto, sostiene el organismo, se advierten “importantes disparidades territoriales: mientras que en el NOA y NEA se registran los valores más bajos de acceso a estos recursos –la mitad de los hogares no accede a computadora y una proporción similar no cuenta con conectividad– , en el resto de las regiones la disponibilidad de computadoras abarca prácticamente a dos tercios de los hogares y, particularmente en el AMBA y Patagonia, el acceso a domiciliario a Internet se ubica en torno al 75%”.
Cobertura y velocidad
La distribución geográfica del acceso a Internet es asimétrica. El país cuenta con 35,9 millones de accesos residenciales a Internet, pero la mitad (18,2 millones) se concentran en CABA y provincia de Buenos Aires, según el Indec. En volumen de accesos, le siguen Córdoba (3,1 millón), Santa Fe (2,7 millones) y Tucumán (1,22 millón).
Las diferencias en la velocidad de acceso altera la calidad con que se obtienen los contenidos educativos. Según la consultora Carrier y Asociados, la velocidad promedio que ofrecen los servicios de acceso a Internet en CABA es veinte veces superior que los de provincias como San Juan o Tierra del Fuego. En CABA la velocidad promedio ofrecida es de 205 Mbps, mientras que en la provincia de Buenos Aires alcanza los 126 Mbps. Más lejos, con 58 y 53 Mbps respectivamente, se ubican Tucumán y Santa Fe. En el otro extremo, las provincias que registraron la menor velocidad ofrecida son San Juan y Tierra del Fuego, cada una con 10 Mbps.
Las organizaciones integrantes del colectivo Infancia en Deuda creemos que la educación de niñas, niños y adolescentes debe ser una prioridad de las políticas públicas. Hoy, la disponibilidad de equipos informáticos y una adecuada conexión a Internet contribuyen a garantizar la continuidad educativa. Por eso, el acceso equitativo a estas herramientas debe, también, formar parte de la agenda urgente del Estado.
Encontrá el informe para descargar aquí:
