Desnutrición de niñas, niños y adolescentes en Salta. Entrega I: El acceso al agua.

Por Natalia Fernández y Lucía Cholakian Herrera

Distintos medios de comunicación de Salta relevaron durante enero y febrero al menos 13 casos de muertes por desnutrición de niñas y niños de hasta cinco años, de comunidades en el norte salteño. La generalización mediática dejó en el camino mucha información sobre estas muertes, que constituyen un problema sistemático en la provincia y que se dan por motivos múltiples que implican responsabilidades en todos los niveles del Estado. Desde Infancia en Deuda proponemos una serie de artículos para abordar esta problemática desde distintos ángulos, incluyendo las voces de las comunidades y de quienes conocen y trabajan en territorio. 

Entrega I: El acceso al agua 

Si se indaga en las razones históricas por las que cada año mueren niñas, niños y adolescentes en el chaco salteño a causa de la desnutrición, el agua aparece siempre como una variable y eje central. Porque no llega, porque está contaminada con arsénico, porque tiene parásitos, porque no alcanza para diluir la leche en polvo, porque las cisternas que la distribuyen no están bien tapadas y se llenan de moscas, porque tiene gérmenes que producen enfermedades respiratorias y diarreas crónicas, o simplemente porque las familias no tienen filtros; el agua protagoniza el problema en esa región del país. Todas estas deficiencias se superponen, conviven, se acumulan y se profundizan. Por eso, a la hora de discutir soluciones a la desigualdad que aqueja a las comunidades del norte de Salta, los referentes en territorio y las familias insisten en su importancia. 

La médica pediatra y diputada provincial del Frente para la Victoria por el Departamento de San Martín, Gladys Paredes explica: “A falta de acceso al agua potable repercute, fundamentalmente, en la proliferación de dos patologías: las infecciones de piel, producidas por estafilococo y la aparición de diarreas, que provocan deshidratación”. 

La falta de pediatras en la zona agrava la situación sanitaria de niños, niñas y adolescentes, lo que implica un desconocimiento de su estado de salud, ya que asisten a los servicios de salud sólo cuando tienen síntomas de alguna enfermedad. “No hay control preventivo de la salud de los niños y jóvenes”, alerta Paredes en conversación con Infancia en Deuda y sostiene que esto genera un alto índice de caries, infecciones dermatológicas y diarreas. Además, la discriminación y desconocimiento de la cultura de las comunidades hace que este sea un obstáculo permanente. “Si un/a aborigen va al hospital sin turno, no lo/a atienden, no le dan remedios; y si nos dan receta se nos complica comprar”, ilustró el referente wichi Modesto Rojas en este artículo. 

De la falta de acceso al agua potable se desprenden otras consecuencias preocupantes. Tal como informó el diario El Tribuno, en abril se secuestraron 300 bidones de glifosato que estaban siendo usados para vender agua a las comunidades en Santa Victoria Este. Laurentina Nicacio, referente de la Fundación Juala (Juntos Unidos Ante La Adversidad), wichí y residente de la localidad de General Ballivián aseguró a Salta 12 que en la zona también se utilizan los bidones de glifosato y que su uso provoca infecciones intestinales y sarpullidos en el cuerpo.

Las denuncias por parte de referentes en las comunidades son frecuentes. Abel Mendoza, wichí, dijo en la radio local FM Noticias: “Tenemos mucha escasez de agua, las comunidades estamos tomando agua de ciénagos, de lagunas”, aunque probablemente se refiera a madrejones de agua: pequeñas corrientes de agua que han quedado en la huella de los ríos producto de la sequía, ya que en la zona no hay lagunas. Además de las alertas de las personas de las comunidades, la situación fue detectada como preocupante hace más de un año por profesionales de la Universidad Nacional de Salta. A la fecha, el gobierno provincial no se ha hecho cargo de ejecutar un plan para erradicar esta problemática.

Cuentas poco claras

Resolver el problema del acceso al agua requiere de una inversión muy grande, además de la articulación y la voluntad política de los tres niveles del Estado en la zona. La gestión del gobernador Gustavo Sáenz decretó en enero la emergencia sociosanitaria en los departamentos San Martín, Orán y Rivadavia. Fue por eso que, a las pocas semanas, el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, anunció una inversión inicial de 500 millones de pesos  de recursos nacionales y provinciales para la emergencia sociosanitaria en el norte de Salta, de los cuales $40 millones serían destinados a la licitación de siete pozos de agua y $22 millones a cien cosechas de agua (sistemas de almacenamiento y filtración de agua de lluvia que se que instala en los techos de las viviendas), con un sistema de canaletas que permite la reutilización del recurso.

A mediados de agosto y pese a los intentos por conocer la inversión realizada desde la provincia no se pudo obtener información al respecto y el Boletín Oficial de Salta no registra que se haya hecho llamado a licitación alguno para cubrir las demandas de agua en la zona. Sólo se encuentra disponible una realizada por el gobierno nacional. Lo único que se sabe es que en febrero la provincia anunció la entrega de 200 tanques cisterna para almacenar agua segura, adquiridos con fondos provinciales, pero no se dieron detalles del monto de la inversión. Aun así el 14 de agosto se informó la finalización del pozo de agua realizado con capitales privados para abastecer al Hospital de Tartagal, municipio cabecera del departamento San Martín, y el 20 del mismo mes, el gobernador anunció mediante su cuenta de Twitter la realización de un pozo en el departamento Rivadavia, en la localidad de Los Blancos.

Por su parte, el gobierno Nacional envió una partida de $380 millones para la compra de 160.000 módulos alimentarios reforzados que debían ser entregados en el marco de la emergencia sociosanitaria, pero desde el gobierno provincial no aclararon si esta partida presupuestaria está contemplada en los $500 millones de pesos previstos para afrontar la emergencia. En síntesis: no se sabe cómo se está administrando el dinero que envió Nación, el problema persiste y de todo lo anunciado, lo que se ha hecho es muy poco. 

Los pozos

A principios de marzo de este año, el ministro de Infraestructura, Sergio Camacho y el de Producción, Martín de los Ríos; anunciaron la construcción en el interior de la provincia de pozos someros o alijbes, que se sumarían a los 28 ya construidos por el Ejército, el Ministerio de Ambiente de Nación y por empresas. Y  que se habían recuperado dos máquinas para perforar pozos de hasta 80 metros de profundidad. 

Al momento, concretamente, se realizaron  dos pozos de agua de los catorce anunciados por la provincia para Santa Victoria Este y uno en Rivadavia Banda Sur. El cacique Abel Mendoza denunció que estas tres obras se hicieron en lugares donde ya había pozos. A principio de marzo ya se había criticado la falta de consulta a las comunidades acerca de qué zonas tenían mayor necesidad. 

A fin de julio, al menos 40 caciques tomaron la municipalidad de Santa Victoria Este para reclamar la construcción de los pozos, alegando que a pesar de que se anunciaron con bombos y platillos, aún no había llegado la ayuda prometida. En diálogo con Infancia en Deuda la diputada Paredes denuncia que en la localidad de Tartagal llevan más de 190 días con cortes intermitentes de agua: sólo hay disponibilidad durante unas pocas horas en la mañana y no alcanza a cubrir la demanda de todo el municipio, especialmente en las zonas de mayor altura donde el agua no llega.

Los esfuerzos de las organizaciones

En paralelo, la Cruz Roja argentina lleva a cabo una tarea titánica luego de haber llevado una planta que potabiliza 60 mil litros de agua por día que distribuyen en comunidades. Si bien la pandemia retrasó esta obra en algunos puntos, ya está por iniciarse la segunda etapa. Abel Martínez, el director que está a cargo de esta misión en territorio, explicó a Infobae recientemente que la situación previa era preocupante. “El agua que había era escasa porque la emergencia socio-sanitaria se debe a un período normal y prolongado de sequía. Esta zona suele ser golpeada por la sequía, que normalmente dura tres meses, pero se extendió a cinco o seis meses. De hecho, desde que estamos aquí llovió seis veces y el agua es escasa. A eso se sumó que faltaban pozos para la toma de agua”, sostuvo. 

Incluso durante la pandemia, los esfuerzos provinciales y el destino del dinero recibido para la emergencia sociosanitaria son poco claros. Las comunidades sostienen su reclamo por ser incluidas en los debates y destacan  la urgencia de medidas concretas para atender esta problemática, que es, sin dudas, uno de los pilares innegociables para atender la desnutrición en la provincia.