Desnutrición de niñas, niños y adolescentes en Salta. Entrega III: El colapso del sistema sanitario

Distintos medios de comunicación de Salta relevaron durante enero y febrero al menos 13 casos de muertes por desnutrición de niñas y niños de hasta cinco años, de comunidades en el norte salteño. La generalización mediática dejó en el camino mucha información sobre estas muertes, que constituyen un problema sistemático en la provincia y que se dan por motivos múltiples que implican responsabilidades en todos los niveles del Estado. Desde Infancia en Deuda proponemos una serie de artículos para abordar esta problemática desde distintos ángulos, incluyendo las voces de las comunidades y de quienes conocen y trabajan en territorio. 

Entrega III: El colapso del sistema sanitario 

Las medidas para frenar el coronavirus en las comunidades ya son conocidas: el aislamiento, lavarse las manos, mantener la distancia, sanitizar superficies, mantener espacios ventilados. Hoy, éstas son las prácticas habituales de una gran parte de la población. Sin embargo, ¿qué pasa en aquellos sectores en los que el agua potable no está garantizada como corresponde, la precarización demanda salir a trabajar sin recursos de protección y, sobre todo, en aquellas comunidades donde no se consideran ni respetan las culturas a la hora de ejercer el acceso a la salud? Estos son algunos de los problemas que enfrentan las poblaciones del chaco salteño y sus niñas, niños y adolescentes: como denunció Felisa Mendoza, de la comunidad 9 de Julio, “pedir que se laven las manos con agua y jabón ya es todo un tema, en las comunidades, las más cercanas a la ciudad (algunas de ellas a 3 kilómetros de la ruta nacional 34), hay agua de manera clandestina. Los más alejados guardan, si les llevan o si llueve, en bidones en desuso de agrotóxicos y deben elegir si tomar o lavarse las manos”. 

La finalización del mandato del gobernador Juan Manuel Urtubey en 2019 dejó a Salta con un sistema sanitario precario, especialmente en las zonas de mayor vulnerabilidad como los departamentos San Martín, Orán y Rivadavia, que fueron declarados en emergencia sociosanitaria en marzo. Ya en una auditoría realizada el año pasado sobre los ejercicios del 2016 en los hospitales Juan Domingo Perón y San Vicente de Paul, de los municipios cabecera de los departamentos San Martín y Orán respectivamente, se evidenciaban las denuncias históricas de las comunidades originarias y criollas sobre el acceso a la salud de niñas, niños y adolescentes. 

Esa  auditoría indica, entre otros resultados, que “la cantidad de leche entregada en Orán fue de 17.610 kilogramos, cuando se debía llegar a cubrir un total de 22.915 kilogramos”. Sobre Tartagal, por ejemplo, afirma que “la cantidad de Leche Entera en Polvo distribuida durante el ejercicio 2015, se redujo al 17,60% en promedio durante el ejercicio 2016”, en una nota de  Página|12. Sobre el Hospital Juan Domingo Perón, además, se menciona la falta de especialistas en Terapia Intensiva Pediátrica, razón por la que no se realizan intervenciones quirúrgicas y los pacientes deben ser derivados al Hospital de Orán, aumentando el riesgo de muerte. 

Las comunidades originarias, además de las falencias estructurales y la barrera que muchas veces impone el idioma, también deben enfrentar la discriminación en los distintos estamentos del Estado, tal como sucedió con la familia Fidel Frías, un niño wichi de 14 años que pesaba 30 kilos y falleció en el hospital de Tartagal en marzo del año pasado. Los padres de Fidel denunciaron que el adolescente había sido dado de alta el 28 de febrero del Hospital de Santa Victoria. La gerenta del hospital zonal, Marcela Quispe, y el médico Pablo Casabella, luego de desmentirlos, apuntaron contra la cultura wichí y los “problemas de comunicación” por la situación del niño. Una figura recurrente en los discursos oficiales de la provincia , tal como lo manifestó en múltiples ocasiones el ex secretario de salud Francisco Marinaro Rodó es la culpabilización de las comunidades por no amoldarse a los protocolos sanitarios, mientras que desde las comunidades cuentan que el rechazo a atenderlos es sistemático y atraviesa todo el recorrido por el sistema de salud:  desde la guardia médica a la farmacia. 

En febrero de este año, tras la muerte de niños y niñas de comunidades originarias, el Movimiento Popular La Dignidad inició una brigada solidaria en la que profesionales de la salud de CABA y voluntarios y voluntarias locales llevaron asistencia médica al norte de Salta. Una vez allí, informaron que hay comunidades que llevan más de 9 años sin ver un profesional de la salud y denunciaron el abandono que sufren las familias de pueblos originarios. “En algunos casos hubo que hacer derivaciones urgentes porque la situación escapaba de las manos de los profesionales que trabajan acá”, relató Fernanda Sánchez, referente local de la organización, a la emisora FM Noticias.

Sistema sanitario en pandemia

En este escenario, los riesgos para niños, niñas y adolescentes están relacionados con la saturación que hay en el sector público y no directamente con el virus, ya que, como expresó el médico del Hospital Público Materno Infantil Edgardo Camacho, la sintomatología en niños suele ser leve, pero se agrava por enfermedades preexistentes. Un dato relevante en este sentido es que aquella institución pediátrica, cabecera de la provincia, solo cuenta con 6 camas en la sala COVID-19 y un shock room para emergencia y no se informaron áreas pediátricas COVID- 19 en el resto de hospitales. El caso de una niña de dos años, de Colonia Santa Rosa (Orán) expuso las dificultades al acceso a la salud: se fracturó y dislocó el hombro y no fue trasladada al hospital de la Capital porque dio positivo en el test de coronavirus, pero en el Hospital San Vicente de Paul no contaba con traumatólogos pediátricos que pudieran realizar la intervención.

En Tartagal, siete niños en situación de riesgo nutricional fueron trasladados a un área que, según denunció a La Gaceta la niyat Octorina Zamora, no cumple con las condiciones mínimas para garantizar su recuperación. “Se encuentran habitando el lugar sin aislamiento individual con casos de tuberculosis, cuando se trata nada más ni nada menos que de personas en estado de Recuperación Nutricional”, dijo Octorina. Por este caso la diputada nacional por el Frente de Todos Verónica Caliva radicó la denuncia en el INADI y presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo dé cuenta a la Cámara Baja de las razones por la que se procedió al desalojo de los niños. La denuncia presentada al organismo expresa que en el Hospital de Tartagal “han desalojado a los niños y niñas internadas por desnutrición y otras dolencias derivadas del hambre del edificio de Recuperación Nutricional, y se apropiaron del lugar según dijeron para ‘guardia pediátrica’ ”. 

Sobre el tema, Victoria Donda, titular del INADI, afirmó que “toda política sanitaria de los gobiernos locales en esta emergencia por el Covid-19 tiene que incluir a los pueblos originarios y no marginarlos. No se puede desmantelar la asistencia que reciben, deben explicarles a las comunidades, mantener un buen diálogo y ofrecerles un lugar igual”. Por su parte Juan López, el director del hospital, explicó a La Gaceta que el traslado se debió a que el área COVID-19 limitaba con la sala de niños en riesgo nutricional, pero no dio información sobre las condiciones en la que se encuentran actualmente los niños.
La situación, como en muchos lugares del país, es cada vez peor. En medio de esta crisis, la ministra de salud de la Provincia Josefina Medrano anunció su renuncia a través de Twitter el 8 de septiembre. Un día antes, el intendente de Orán había cruzado a la ministra en redes sociales por su desestimación de la gravedad de la situación epidemiológica y sanitaria del área. Pocas horas después de su renuncia se anunció que Juan José Esteban, gerente del Hospital del Milagro, la reemplazará. Y al día siguiente, en respuesta a las demandas por el colapso sanitario, se anunció una inversión de 100 millones de pesos en el Hospital San Vicente de Paúl en Orán. Sin embargo, la preocupación por la situación de las comunidades originarias persiste: Abel Mendoza, referente wichí, sostuvo que “hay miedo porque se sabe que esta enfermedad no distingue color ni raza. Los argumentos de los médicos siempre son que nosotros no tenemos el cuidado necesario, pero lo que no tenemos es el dinero para comprar el alcohol en gel y todo ese tipo de medicamentos. Hay una necesidad tan grande que hasta el jabón escasea. Estamos haciendo malabares para pelear esta pandemia”.