Según datos estimados por UNICEF, la pobreza infantil llegará al 62,9% en este segundo semestre de 2020 y la pobreza infantil extrema alcanzaría a 2,4 millones de niñas, niños y adolescentes hacia fin de año. El contexto de infantilización de la pobreza que precedía a la pandemia por el COVID-19 recrudece velozmente, generando una situación que limita el acceso a los derechos de las infancias y ensancha las brechas de desigualdad.
Ante este escenario, las estadísticas muestran algo que desde la sociedad civil llevamos años señalando. Las políticas de transferencias de recursos, aun con la adición del IFE, son insuficientes para garantizar el acceso a la alimentación y a los bienes básicos que requieren un niño o una niña para desarrollar su vida: el monto mensual que perciben las familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hija/o (AUH) permite afrontar solo el 45% de la canasta básica alimentaria o el equivalente 18% de la canasta básica total.
La AUH ha sido una política clave que marcó un antes y un después en las acciones dirigidas a la niñez; sin embargo, tiene algunas limitaciones que reducen su impacto y no logran evitar violaciones a los derechos de las infancias pobres y vulneradas, como señalan CIPPEC y la Defensoría de Niñas, Niños, y Adolescentes.
Las transferencias monetarias a las infancias son una base fuerte desde la cual trabajar, pero aún presentan grandes desafíos:
- No son universales; más de un millón de niñas y niños se encuentran excluidos del beneficio y no perciben ninguna transferencia, aunque la necesitan con urgencia.
- Son insuficientes; el monto transferido no logra satisfacer las necesidades más básicas de la infancias.
- Profundizan desigualdades; con esquemas segmentados diferentes, niñas y niños reciben recursos según la situación laboral de sus familiares y esto las vuelve, en muchos casos, inequitativas.
- Generan situaciones de discriminacion; tratan en forma inequitativa a niñas y niños según su contexto social y el origen nacional de sus familias. En muchos casos, las condicionalidades penalizan a niñas y niños por otras vulneraciones a sus derechos (falta de acceso a la educación y la salud), en lugar de desencadenar una intervención del estado que los garantice.
En el marco del Día de las Infancias resulta impostergable que el Estado priorice a niñas, niños y adolescentes en el centro de la agenda pública. Es urgente contar con políticas que pongan freno al avance del hambre y de las carencias que violan los derechos de la niñez y limitan su libertad y desarrollo.
Especialmente en este difícil momento de pandemia y crisis económica, las y los representantes políticos y la sociedad argentina deben definir una política que garantice los derechos de cada niña, cada niño y cada adolescente.
