En Salta, 35 de cada 100 niños y niñas sufren malnutrición

Familia wichi de la comunidad Las Palomas, a 450 km de Salta capital. Crédito: Redacción.

La amenaza cotidiana en el chaco salteño no es la pandemia del coronavirus sino una histórica: la de la pobreza estructural. De acuerdo con los registros del INDEC, en el segundo semestre de 2019 el 45,5% de las personas vivían por debajo de la línea de pobreza en Salta y el 7,9% son indigentes. Esto indica que más de la mitad de la población salteña no accede a la canasta básica y que un gran porcentaje de ese número ni siquiera tiene para comer.

Esta problemática se concentra especialmente en el chaco salteño, ubicado en la región norte de la provincia, donde durante los primeros meses de este año se reportaron muertes de niños y niñas producto de la malnutrición. A fines de enero el gobernador Gustavo Sáenz declaró la emergencia sociosanitaria en los departamentos de Orán, San Martín y Rivadavia.

Más de la mitad de la población salteña no accede a la canasta básica.

“De cada 100 chicos/as que vemos, 35 sufren malnutrición. Hubo 12 muertes en las zonas que se registraron”, contabiliza Diego Bustamante, director de la organización Pata Pila, una de las muchas que trabaja en territorio. “Cada caso tiene su complejidad, los/as chicos y chicas se pescan muchas enfermedades, en algunas comunidades ni siquiera hay agua y, donde hay, no es potable. El agua se llena de bichos. Los/as chicos y chicas se pescan todo tipo de virus y gérmenes que traen problemas estomacales, respiratorios, además de las enfermedades congénitas que vienen de la desnutrición de sus madres”.

La situación empeora con las altas temperaturas, que en el verano superan con frecuencia los 40 grados. “Y cuando hace calor no sale mucha agua, o sale con arena y muy sucia”, contó a Red/Acción Gloria Aparicio, de la comunidad wichi Las Palomas.

Hasta ahora, los relevamientos de organizaciones como Pata Pila son los más aproximados a un registro oficial de la situación. Gabriela Dorigato, subsecretaria de medicina social del ministerio de salud de Salta, agregó que había un censo sanitario previsto para la primera semana de marzo que se pospuso por las restricciones de la pandemia. “Se realizará a fines de mayo”, aclaró, “y fue consensuado con los caciques y referentes de las comunidades”.

Los relevamientos de organizaciones como Pata Pila son los más aproximados a un registro oficial de la situación.

En esos territorios también interviene con su trabajo la Fundación Cultura Nativa desde hace más de 10 años. Nilda Sánchez, la coordinadora del área de salud de la organización asegura que el problema en la provincia no es nuevo, y que está determinado por muchos factores. Las comunidades del norte salteño vivieron siempre del trabajo de la tierra del monte. Pero con el avance de la deforestación, el abastecimiento dejó de ser una posibilidad. “Al no tener otro modo de subsistir y estar tan monte adentro, y no haber tanto recursos de fauna y flora como había antes, empezaron a sufrir hambre”, explica Sánchez.

Ejemplifica con el caso de Santa Victoria Este, una comunidad con más de 4.000 personas compuesta en un 75% por personas de pueblos originarios de distintas etnias y un 25% de población criolla. “Santa Victoria Este está ubicada a 180 kilómetros de Tartagal, pero hace apenas cuatro años que tiene el camino pavimentado”, explica. “Hasta ese momento, podía tardarse hasta cinco horas en llegar de un punto al otro en vehículo, y el camino quedaba cortado con la lluvia”.

Como relatan quienes conocen las comunidades y sus historias, las problemáticas derivadas de la malnutrición en las comunidades son multicausales: algunas variables naturales, como las altas temperaturas, inciden especialmente sobre la deshidratación. La falta de agua potable también, y su ausencia provoca también severas diarreas y parasitosis que afectan la salud de las niñas y niños. Modesto Rojas, referente wichí, menciona otro factor importante: la falta de trabajo. “Nunca hay trabajo para nosotros de las comunidades, los gobiernos no nos tienen en cuenta: creen que no sabemos trabajar”, expresa.

La pandemia agrava este escenario: “Hay mucha gente con hambre porque no tenían un trabajo seguro sino changas, cosa que ahora no se puede porque la policía provincial indica respetar la cuarentena”. En ese sentido, ya a principios de marzo Julia Gómez, coordinadora de la comunidad Honat Le’les, explicaba que las comunidades wichís “hacen lo que se puede para vender y sobrevivir al día”.

Sumado a la falta de trabajo, el acceso a dispositivos de salud está obstaculizado por el trato a los miembros de las comunidades. Modesto lo pone en palabras: “Si un/a aborigen va al hospital sin turno, no lo/a atienden, no le dan remedios; y si nos dan receta se nos complica comprar”. Por eso, y más en esta época, el trabajo de organizaciones como Pata Pila es fundamental: además de enviar colaboraciones, resultan fundamentales las articulaciones entre las instituciones y los miembros de las comunidades.

Nilda Sánchez considera que esta problemática es estructural, independiente de cualquier gobernación: la exclusión social y cultural de las comunidades es un proceso que se inició hace 500 años. “¿A quién le vamos a echar la culpa? Este es un problema macro y complejo, y las organizaciones civiles y gubernamentales tenemos que articular”, opina.

Hay mucha gente con hambre porque no tenían un trabajo seguro sino changas.

Las estrategias

La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, encabezada por Marisa Graham, también manifestó su preocupación sobre la situación en Salta. Facundo Hernández, defensor adjunto, sostiene: “Apenas fuimos ratificados a fines de febrero por el Senado de la Nación comenzamos a tener reuniones por este tema, y descubrimos que había un pedido de cautelar en la CIDH”. Fue entonces cuando desde la Defensoría se propusieron apoyar aquella medida iniciada por la ONG Naturaleza de Derechos.

Josefina Dos Costas, socióloga tucumana especialista en la temática y directora del área de Recepción de Casos de la Defensoría, destaca que el problema detrás de las muertes por desnutrición no se circunscribe sólo a derechos económicos, sociales y culturales complejos, sino también a derechos civiles y políticos. “Muchas veces nos mencionan la falta de participación por parte de las comunidades en la toma de decisiones. Lo que vemos en nuestro relevamiento es que hay problemas en términos de planificación de las acciones, de evaluación y de seguimiento. Hay una serie de intervenciones que se pueden identificar pero que no han tenido ningún seguimiento, ningún monitoreo”, ilustra.

La especialista considera que hay muchos recursos invertidos que permanecen en desuso, producto, especialmente, de la falta de comunicación y articulación entre los distintos agentes que inciden en el territorio. “Hay muchísimos obstáculos, nosotros hicimos foco en algunos aspectos para fortalecer y trabajar desde esos espacios que efectivamente están presentes y la comunidad los tiene referenciados.” Además, desde la Defensoría, consideran importante continuar en la descentralización en Salta como una vía para garantizar la protección de los derechos. “Queremos un debate nacional y federal que comprenda a esta protección como interseccional y que comprenda la complejidad de la cuestión indígena”, sostiene.

Hay problemas en términos de planificación de las acciones, de evaluación y de seguimiento.

Mientras reconocen la importancia del pedido de la cautelar elevado a la Comisión Interamericana, continúan trabajando en formas de atender el problema. “Nos imaginamos el caso de la cautelar como un punto en un entramado de políticas necesarias a largo plazo”, agrega Hernández. “Entre las cosas que nos gustaría hacer es relevar la opinión de niñas y niños de pueblos indígenas de la zona. Tenemos que ser muy creativos”, cierra.

En una entrevista Edith Martiarena, de la radio comunitaria “La Voz Indígena”, aseguró que el enfoque interseccional es fundamental: “Hace falta humanidad, no solamente aceptar que no existe un sólo color de piel, sino también que acepten que somos diversos y se nos reconozca como sujetos de derecho»

¿Cómo ayudar en este momento?

Mientras que las instituciones y organizaciones continúan su trabajo para la planificación a largo plazo de la atención sobre estas problemáticas, el hambre en el chaco salteño persiste y sin la participación ciudadana es difícil sostener el trabajo en los territorios. Los profesionales de la salud, los pasajes de Buenos Aires a Salta, los insumos, el transporte de las donaciones y los honorarios de quienes trabajan en territorio son gastos fijos que crecen a medida que la ayuda se expande. Y las y los referentes de las organizaciones insisten en la importancia de aumentar su alcance: ayudar a más familias y más comunidades requiere de un trabajo profundo.

A la grave situación que enfrentan cotidianamente, se suman las consecuencias de la pandemia de COVID. Bustamante de Pata Pila lo explica: “Tuvimos que cerrar el centro donde trabajamos en talleres con los/as chicos y chicas y las familias. Los centros estuvieron cerrados y atendemos casos moderados y graves yendo a cada domicilio”. En cuanto a las colaboraciones, “seguimos aportando los bolsones de comida, la leche entera para los/as chicos y chicas, agua mineral, filtros de agua. Una de las áreas más importantes es la social; en la que acompañamos a las familias en los turnos en los hospitales, acceso a los remedios, planes sociales, que estén documentados: Pata Pila muchas veces es una sucursal de los hospitales, de la ANSES, o de los servicios de atención de violencia”.

Bajo el lema de que el compromiso con la realidad hace la diferencia, Pata Pila trabaja de raíz con las familias y las comunidades: hoy atiende a 640 niñas y niños. “Necesitamos nuevos padrinos y nuevas madrinas que aporten todos los meses una suma pequeña: 300 o 400 pesos, que es menos de lo que cuesta una pizza. Nosotros necesitamos seguir estando, llueva o truene, sostener e insistir, es un trabajo a largo plazo”, completa. Para colaborar con Pata Pila sólo hace falta apuntarse haciendo click aquí.

También se puede aportar para el equipo de Cultura Nativa, que coordina operativos médicos en la zona varias veces por año. En estos operativos se realizan visitas a las comunidades y se programan cirugías en el Hospital de Tartagal, que cede los cinco quirófanos para que médicas y médicos de Buenos Aires realicen intervenciones a quienes las necesiten. La Fundación invierte cerca de $500.000 en cada operativo, en los que realizan en promedio cien cirugías. Reciben donaciones en este link para continuar sus operativos de salud en el área del chaco salteño.

Por: Lucía Cholakian