Las comunidades indígenas de los departamentos del norte de Salta no tienen agua potable y viven en zonas que, frente a la lluvia o crecidas del río, se vuelven intransitables. La situación es muy preocupante para niñas y niños que residen en Rivadavia, Orán y San Martín, departamentos del norte de la provincia que se encuentran en emergencia sociosanitaria.
En noviembre, la Defensoría Nacional de los Derechos de los NNyA presentó un amparo colectivo para pedir que el derecho a la vida, a la salud, al agua y a la alimentación sean asegurados. A casi dos años de la declaración de la emergencia sociosanitaria, la situación de grave vulnerabilidad estructural respecto a la niñez indígena en estos territorios persiste.
Los reclamos por la inequidad de acceso al agua potable se replican en toda Salta, donde el Chaco Salteño es la zona más afectada con un 70% de la población no accede a este servicio. Aunque Mesa del Agua anunció la contratación de 15 nuevos camiones aguateros, esta medida es insuficiente. De acuerdo con las y los referentes de las comunidades originarias, la situación demanda mayores inversiones pequeñas y localizadas para la emergencia, así como obras estructurales con presupuestos adecuados que garanticen el acceso al agua en los territorios.
Frente a la falta de respuesta por parte del Poder Ejecutivo Salteño, desde fines del año pasado se sostienen distintos cortes de ruta en estos territorios por comunidades indígenas reclamando el acceso a este derecho. Se reclama que: (1) se aseguren medidas de contingencia que requieren bajos recursos (compra de mangueras, mejoras en los recorridos de los camiones cisterna, refacción de pozos, entre otras) 2) acceso al agua en las comunidades de forma permanente (pozos, redes de agua, entre otras).
Esta situación de extrema vulnerabilidad se ve profundizada por el contexto climático, ya que este período se encuentra caracterizado por altísimas temperaturas que agrava las situaciones de deshidratación en la niñez, y por intensas lluvias que dejan aisladas a comunidades.
El agravamiento de la situación producto del contexto climático es algo que IED y distintas organizaciones de la sociedad civil han requerido hace meses. Sin embargo, no se ha establecido por parte del Estado un adecuado plan de contingencia para mitigar los efectos adversos del período estival. Esta situación impacta de forma negativa en la salud de las niñas, niños y adolescentes: se reportan gravísimos cuadros de deshidratación, bajo peso y fallecimientos.
No se puede esperar más. Es urgente que Salta garantice el acceso al agua a niñas y niños de las comunidades originarias.
