Imputan a trabajadores de Salud en Salta durante la investigación tras la muerte de niños y niñas por desnutrición

Pablo Cabot, fiscal de Tartagal, ordenó investigar las muertes de niños y niñas indígenas a principios de este año. Hasta ahora se imputó a siete trabajadores de la estructura de Salud de la provincia y aún se aguardan informes y documentos para continuar el rastreo de responsabilidades.

Por: Lucía Cholakian Herrera

Como expresan los registros del INDEC del segundo semestre de 2019, más de la mitad de la población salteña no accede a la canasta básica. La pobreza es un factor central a la hora de analizar el hambre en el chaco salteño, donde se reportó al menos una decena de muertes de niños y niñas en comunidades indígenas a principio de año. Sin embargo, no es el único factor a considerar. Las comunidades y organizaciones que trabajan allí denuncian falencias sistémicas como la falta de acceso a agua potable y al sistema de salud. Detrás de estas realidades se esconden problemas más profundos y estructurales como el incumplimiento de responsabilidades del Estado a la hora de garantizar estos derechos básicos. 

En este sentido, luego de que los medios se hicieran eco de muertes en comunidades indígenas al norte de Salta, el fiscal penal de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Pablo Cabot, inició investigaciones de oficio sobre los casos.

En 2019, se reportaron 278 muertes de niñas y niños menores de dos años.

Más de diez niños y niñas fallecieron durante los primeros meses por desnutrición y deshidratación en la zona del chaco salteño. Los números, que se definirán a medida que se avance sobre la investigación, también son parte del problema: según aseguran organizaciones que trabajan en territorio hay un subregistro de estos casos. 

Sin embargo, fuentes periodísticas reportaron cuatro muertes en comunidades en el año 2016, veintiún en el primer período de 2017, veinte según cifras oficiales en 2018. Y, de acuerdo con la investigación del portal Cuarto Poder Salta, en 2019 se reportaron 278 muertes de niñas y niños menores de dos años, pero apenas nueve fueron consideradas consecuencia de la malnutrición por los registros oficiales. Todas estas cifras son puestas bajo duda por parte de las organizaciones y comunidades, que aseguran que en muchos casos no se inscribe la desnutrición como enfermedad causal sino alguna de sus consecuencias. 

“En enero, la Procuración indicó que se investigue. Se empezaron a recolectar datos, a requerir documentación al Ministerio de Salud, a pedir información sobre los mecanismos que se establecieron: todo para esclarecer. En febrero las noticias siguieron llegando. Eso nos obligó a ampliar y reiterar los pedidos de remisión de documentación sobre los casos”, resume el fiscal en una conversación con Infancia en Deuda.

Según explica Cabot, dentro del número total de niños y niñas fallecidos/as hubo que realizar la constatación médica con profesionales del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), para corroborar que esas muertes fueran, efectivamente, consecuencia de desnutrición y deshidratación. 

A pesar de la cuarentena y sus efectos en la ralentización de los procesos,  asegura que no hubo una pausa: “La tramitación de las declaraciones testimoniales en las comunidades es complicada y sin embargo, se sigue viajando al lugar para recabar información”.

De hecho, durante el aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional, fueron imputados trabajadores de la estructura de salud de la provincia bajo la calificación de incumplimiento de los deberes de funcionario público, delito previsto por el artículo 248 del Código Penal. Las personas imputadas al momento trabajan en el territorio, específicamente en el área de salud de Santa Victoria Este, que tiene un hospital y dispositivos con distintas funciones. “Tienen que ver con la falta de control”, adelantó el fiscal Cabot, “en las imputaciones que hay formuladas se advirtieron incumplimientos puntuales, pero la investigación continúa”. 

El papel de las comunidades

A fines de marzo, cuando el aislamiento social se imponía en la portada de todos los medios del país, en Vertientes Chicas -una comunidad a 30 kilómetros de Santa Victoria Este- un padre y una madre enterraban a su hijo de un año y dos meses. El niño había fallecido sin que pudieran acceder al sistema de salud. A los pocos días, su hermana de cinco años, era ingresada al hospital y murió tras una infección provocada por la desnutrición. Fue entonces cuando las autoridades se enteraron del fallecimiento de su hermanito, para el que no se elaboró en su momento un certificado de defunción.

Notificado de estos hechos, Cabot indicó también investigar este caso: hubo que realizar una exhumación del cuerpo. “Lo que se dispuso es la exhumación a los fines de realizar la autopsia, no solamente por la ausencia certificado ya que la familia no había sido asistida, sino también a los fines de poder extraer de la autopsia la relación entre la causa de muerte y el fallecimiento”, amplía Cabot. 

Cuando se observan los actores involucrados y las causas hay una contraposición recurrente: la de las instituciones y la de los referentes de las comunidades. Mientras que los caciques denuncian sistemáticamente los obstáculos para acceder a la salud, las instituciones reprochan que las comunidades no cumplen los protocolos para hacerlo. La cuestión cultural atraviesa de manera transversal estos desencuentros. Sin embargo, como aclara el referente wichí Modesto Rojas, “si un/a aborigen va al hospital sin turno, no lo/a atienden, no le dan remedios; y si nos dan receta se nos complica comprar”.

“Mientras las familias y los referentes denuncian una atención deficiente en materia de salud, hemos tenido también, por ejemplo, una denuncia de un médico del hospital de Santa Victoria Este donde concretamente hace referencia a una reticencia de las comunidades para acceder al sistema de salud”, explica el fiscal Cabot.

El caso al que se refiere es al de la denuncia contra Pedro Lozano, un referente de las comunidades de Santa Victoria Este, que fue quien denunció públicamente por primera vez la muerte del niño de un año y su hermana de cinco. El médico del hospital de la zona, Edgar Machicao, lo denunció a él bajo acusación de haber convencido a la familia de los niños de evitar atención médica. Ahora, Machicao forma parte del grupo de imputados en la investigación. Pedro Lozano falleció por una enfermedad preexistente a mediados de junio.

El fiscal Cabot asegura que corresponde contemplar estas divergencias entre las instituciones y los habitantes de Santa Victoria Este en la investigación que está impulsando, y que las comunidades comprenden también la relevancia de una acción legal ante estas muertes. Sin embargo, insiste que el rol de la investigación no es tomar parte en estas discusiones sino “profundizar dentro de los márgenes de la ley penal, a fines de establecer las responsabilidades”. 

El trabajo no es sólo sobre lo que sucede en las comunidades sino involucrarse con ellas. “Estuvimos con ellos, mantuve una entrevista de manera comunitaria”, cuenta Cabot. Como se hace habitualmente, primero hay que hablar con el cacique para explicar la intención y el rol de la investigación en ese lugar. “Luego”, relata el fiscal, “procedimos sin inconvenientes a realizar la exhumación y autopsia. Varios integrantes de la comunidad  quisieron hablar y no hubo ningún problema. He recibido planteos en cuanto a que no son suficientes las respuestas en lo que a salud se refiere y ellos estaban esperando este tipo de respuestas para que no se repitan estas situaciones”.

A pesar de la pandemia, el fiscal Cabot asegura que «la investigación sigue su curso».

Las investigaciones continúan y se han realizado pedidos de documentación al Ministerio de Salud de la provincia que podrían hacer aportes significativos para esclarecer estas muertes. La situación del COVID-19 en la zona se ha tornado preocupante en los últimos días, cuando aparecieron casos en Tartagal. De todas formas, según asegura Cabot, la investigación sigue su curso con la determinación de identificar a todos los responsables por las muertes.