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Infancia en Deuda pide a la Cámara de Diputados que garantice la inversión prioritaria en niñez

En una nota dirigida a la cámara de Diputados, en el marco del tratamiento del Presupuesto 2019, la coalición INFANCIA EN DEUDA acercó a los legisladores un análisis sobre el dictamen que se debate actualmente en el recinto en el que señala que los 900 millones de pesos asignados recientemente a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) resultan insuficientes para compensar la regresividad de las partidas destinadas a la protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

El dictamen prevé una asignación de 900 millones de pesos más al monto proyectado originalmente por el Poder Ejecutivo Nacional, pero esa ampliación no resulta suficiente para compensar la regresividad del presupuesto destinado a la infancia de nuestro país. Aun contemplando este incremento incorporado al dictamen, el presupuesto total de la SENNAF es un 17,33% menor al asignado por el Congreso mediante Ley de Presupuesto 2018.

El cálculo surge de sumar el presupuesto de cada uno de los programas a cargo de la SENNAF para 2018 y ajustarlo por inflación (contemplando la estimación que efectuó Poder Ejecutivo para la elaboración del presupuesto 2019, la cual es de 34,8). El total es de $5.086.874.184. Si a este monto lo comparamos con el proyectado por el Poder Ejecutivo (3.305.474.918) más los $900.000.000 asignados mediante el dictamen, el total es de $4.205.474.918. Por lo tanto, restarían unos $881.399.266 para que la asignación del año 2019 se equipare a la de 2018.

Por otra parte, la asignación efectuada mediante el dictamen no permite conocer a qué programas serán destinados los 900 millones de pesos porque se encuentran consignados de manera agregada, por lo cual no es posible estimar los porcentajes de ajuste que sufriría cada uno de los programas de la SENNAF.

A mediados de 2018, el Comité de Derechos del Niño de la ONU manifestó preocupación por los altos niveles de pobreza multidimensional de la población infantil y las limitaciones existentes en los sistemas de protección social, en particular, los destinados a la infancia. El órgano de expertos de Naciones Unidas recordó a la Argentina que, en tiempos de crisis económica, las medidas regresivas solo pueden aplicarse después de evaluar todas las demás opciones, garantizando que los niños, niñas y adolescentes sean los últimos afectados, especialmente quienes se encuentran en situaciones vulnerables. Además, instó a Argentina a garantizar que las partidas presupuestarias de niñez estén protegidas en situaciones de crisis económica.

Resulta fundamental que el Congreso adopte una actitud consistente con estas recomendaciones a la hora de tratar la Ley de Presupuesto, y que, al hacerlo, contemple los compromisos internacionales y legales en los que adoptó la obligación de garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a través de una asignación presupuestaria acorde y progresiva.

El artículo 72 de la Ley 26.061, que regula el financiamiento del sistema de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, dispone en forma clara que el presupuesto anual debe prever las partidas necesarias para el funcionamiento de ese sistema y que, “en ningún caso”, aquellas pueden ser inferiores a lo previsto o ejecutado en ejercicios anteriores. En este sentido, el Congreso debe prestar especial atención para que el presupuesto asignado a la niñez no disminuya en relación con el año anterior.

INFANCIA EN DEUDA solicita a los diputados nacionales que garanticen que, en la ley que finalmente se apruebe, se incrementen las partidas asignadas a la niñez y adolescencia en línea con las exigencias de los tratados internacionales de derechos humanos, que en Argentina tienen jerarquía constitucional, y diversas leyes que aseguran la inversión prioritaria en la niñez.

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