La infancia no puede ser la variable de ajuste

La coalición de organizaciones de la sociedad civil que componen INFANCIA EN DEUDA advierten que el proyecto de reforma previsional afecta los derechos de la infancia, ya que prevé recortar ingresos a más de 8 millones de niños, niñas y adolescentes.

El cambio en el mecanismo de actualización afectaría a 4.124.958 niños, niñas y adolescentes que reciben asignaciones familiares, y a 3.941.893 niños, niñas y adolescentes que reciben asignaciones universales.

INFANCIA EN DEUDA reclama que entre en funciones la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que tiene a su cargo la designación del Defensor del Niño, vacante desde hace 12 años, para velar por el efectivo respeto a los derechos y garantías legales asegurados a las niñas, niños y adolescentes.

La coalición de ongs que componen la coalición INFANCIA EN DEUDA advierten que el proyecto de reforma previsional del Ejecutivo nacional afectaría a 4.124.958 niños, niñas y adolescentes que reciben AAFF y 3.941.893 NNA que reciben Asignaciones Universales, y volvería más inequitativo al sistema de transferencias (al ampliar la brecha entre AUH y deducción de ganancias), por lo que reclaman que entre en funciones la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación por los Derechos del Niños, Niñas y Adolescentes.

El proyecto de reforma previsional que se debate en el Congreso busca modificar la fórmula que actualiza las prestaciones previsionales y prestaciones monetarias de la seguridad social, entre ellas las Asignaciones Familiares contributivas (AAFF) y la Asignación Universal por Hijo (AUH), dos de los tres canales por los que el Estado transfiere recursos a las familias con niños, niñas o adolescentes (NNA).

Un tercer canal son las transferencias (tácitas) que se realizan a partir de la deducción por hijo que se puede realizar al impuesto a las ganancias. Las transferencias que realiza el Estado a las familias con niños, niñas y adolescentes son inequitativas y fragmentadas (CIPPEC, 2016) dado que excluyen fundamentalmente a familias de los sectores de menores ingresos y quienes deducen del impuesto a las ganancias pueden percibir (indirectamente) un monto mayor que quienes reciben AUH.

Representantes del Poder Ejecutivo, y del Poder Legislativo han realizado, en el corto periodo que lleva la propuesta de reforma previsional en debate, referencias contradictorias sobre el impacto negativo que podría tener en el poder adquisitivo de las prestaciones de la seguridad social, con foco en el bienestar de las personas mayores. Sin embargo, el impacto de la reforma sobre los NNA quedó prácticamente ausente en el debate.

Los compromisos internacionales vigentes en materia de derechos económicos sociales y culturales y derechos de la infancia, así como la Ley 26.061, señalan expresamente que el Estado debe designar el máximo de los recursos disponibles para la garantía de derechos de la infancia y adolescencia; más aún, tiene vedadas las medidas regresivas que disminuyen la inversión pública para la garantía de los derechos de la niñez.

El Comité de Derechos del Niño, ha señalado expresamente, que “[e]n tiempos de crisis económica, solo puede considerarse la posibilidad de adoptar medidas regresivas cuando se hayan evaluado todas las demás opciones y garantizando que los niños, particularmente aquellos que están en situaciones de vulnerabilidad, serán los últimos en verse afectados por tales medidas.”

Preocupa especialmente que, del amplio abanico de los gastos estatales o medidas de reforma tributaria en debate, se priorice el tratamiento de una norma cuya aplicación puede determinar una disminución de los fondos que permiten garantizar los derechos de la infancia, personas con discapacidad, y personas mayores.

Más aún cuando las presiones para su tratamiento son acompañadas por versiones sobre la posibilidad de utilizar mecanismos inconstitucionales como los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), para avanzar con la propuesta del Ejecutivo. El tratamiento de esta reforma tan fundamental para la Argentina debería darse en un contexto de participación democrática en el Congreso de la Nación y basado en la evidencia.

En el marco de estos debates tan relevantes, urge que la Comisión Bicameral del/de la Defensor/a de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes entre en funciones.

Ante las demoras en la designación de un/a Defensor/a del Niño, cargo vacante desde su creación por ley en 2015, resulta crucial que la Comisión cumpla con su función de velar por el efectivo respeto a los derechos y garantías legales asegurados a las niñas, niños y adolescentes. En el contexto actual, implicaría buscar los mecanismos concretos para que la reforma discutida no implique un cambio regresivo en los montos de las asignaciones familiares y las asignaciones universales.

El apuro en tratar una reforma que puede afectar los ingresos de grupos en especial situación de vulnerabilidad, y el desmedido despliegue de fuerzas de seguridad que se observó en la zona del Congreso, con los graves actos de violencia dirigidos a reprimir la protesta social, constituyen peligrosas limitaciones al debate e intercambio de opiniones que amerita una discusión democrática sobre temas centrales para la Nación. El rol de la Comisión Bicameral es clave; los niños/as y adolescentes no pueden ser la variable de ajuste.

Agradecemos la difusión.