La pobreza infantil es la principal urgencia

Según los datos oficiales difundidos por el INDEC referidos al 1° semestre de 2020, más de la mitad (56,3%) de las niñas, niños y adolescentes de 0 a 14 años son pobres en nuestro país: es decir, 6,2 millones de chicas y chicos viven en hogares pobres. La indigencia afecta a 1.717.940 niñas, niños y adolescentes menores de 15 años (15,6%), cuyas familias no logran cubrir la canasta básica alimentaria. Además, la pobreza entre adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años llega al 49,6%. 

Ante la gravedad de este escenario, las políticas de transferencias de recursos -aun con la adición del IFE, el bono para titulares de AUH-AUE y la Tarjeta Alimentar- resultan insuficientes para garantizar el acceso a la alimentación y a los bienes básicos que requieren un niño o una niña para desarrollar su vida: el monto mensual que perciben las familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hija/o (AUH) permite afrontar solo el 46,56% de la canasta básica alimentaria o el equivalente 19,24% de la canasta básica total. 

Las transferencias monetarias a las infancias son una base fuerte desde la cual trabajar, pero aún presentan grandes desafíos: 

1. No son universales; a las exclusiones normativas (como hijas/os de inmigrantes con menos de 3 años de residencia) se suma un número importante de niñas, niños y adolescentes que el Estado no puede identificar adecuadamente en sus bases de datos, y que forman parte del grupo de mayor vulnerabilidad.
2. Son insuficientes; el monto transferido no logra satisfacer las necesidades más básicas de la infancias.
3. Reproducen desigualdades; con esquemas segmentados diferentes, niñas y niños reciben recursos según la situación laboral de sus familiares y esto las vuelve, en muchos casos, inequitativas. 
4. Generan situaciones de discriminación; tratan en forma inequitativa a niñas y niños según su contexto social. En muchos casos, las condicionalidades penalizan a niñas y niños por otras vulneraciones a sus derechos (falta de acceso a la educación y la salud), en lugar de desencadenar una intervención del estado que los garantice.

Hoy, más que nunca, resulta impostergable que el Estado priorice a niñas, niños y adolescentes en el centro de la agenda pública. Es urgente contar con políticas que pongan freno al avance de la pobreza, que ensancha las brechas de desigualdad y limita el acceso a los derechos de las infancias.