La protección de la niñez requiere de una Defensoría independiente, transparente y comprometida con la exigencia formal y pública de los derechos de la infancia

Las organizaciones integrantes del colectivo Infancia en Deuda observamos con muchísima preocupación la situación que atraviesa la Defensoría Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes y exigimos que se tomen, de forma urgente, todas las medidas necesarias para fortalecer la institucionalidad, garantizar una mayor transparencia y asegurar su correcto funcionamiento en el control y exigencia de políticas públicas que cumplan con los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La creación de la Defensoría Nacional fue el resultado de un proceso que marcó un hito en la institucionalidad argentina en el que, a través de un concurso público de antecedentes, se priorizó la transparencia y el uso de mecanismos que buscaron asegurar la idoneidad y la autonomía de las autoridades elegidas, como lo requiere el art. 50 de la ley 26.061. 

Sin embargo, la gravedad de las razones que fundamentan la renuncia del Defensor Adjunto Fabián Repetto daría cuenta de que el recorrido de los primeros meses de la institución habría sido contrario al proceso que le dio origen y podría haber obstaculizado la capacidad de control de la Defensoría. Ello implicaría el peor de los escenarios posibles; es decir, una Defensoría Nacional formalmente en funciones, pero virtualmente incapaz de cumplir su mandato legal en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Por ello, es urgente que la Defensoría Nacional asegure el cumplimiento de la serie de obligaciones que le exige la Ley 26.061 que detallamos a continuación. En primer lugar, la autonomía y la independencia del organismo, que implica necesariamente la exigencia formal y pública de los derechos de la infancia, en relación con el resto de los poderes del Estado y respecto de las diversas fuerzas políticas, de forma tal que sólo se encuentre comprometida en la promoción de acciones que garanticen los derechos de la niñez, como prioridad única. De esta manera, que pueda realizar todas las acciones de control y exigencia de políticas públicas para este grupo vulnerabilizado independientemente de la posición partidaria de la jurisdicción. Asimismo, que cumpla con la realización de concursos transparentes y públicos con criterios objetivos y claros para la designación de las funcionarias y funcionarios, especialmente quienes se desempeñen en puestos jerárquicos, que aseguren la elección de las personas más calificadas y con más experiencia para cada rol. El cumplimiento de los estándares vigentes en materia de transparencia activa y pasiva que garantice la publicidad de todas las acciones de incidencia, denuncias recibidas y si fueron canalizadas o no, reuniones con autoridades de los diversos poderes, estructura, personal, utilización de los recursos públicos, entre otras cuestiones. Es necesario que esta información sea presentada en formato abierto y con el máximo nivel de desagregación posible con el objetivo de que la sociedad en su conjunto y, en particular, niñas, niños y adolescentes puedan evaluar el desempeño de la institución. Por último, recomendamos intensificar el rol de control activo por parte de la Comisión Bicameral en el trabajo de la Defensoría y en la rendición de cuentas que exige la Ley.

Las infancias y adolescencias en Argentina viven y crecen en una situación de exclusión y requieren la intervención de instituciones idóneas, autónomas y transparentes que rindan cuentas y aseguren la adopción de las mejores acciones posibles para hacer realidad las obligaciones asumidas por el Estado Nacional.