Connect with us

Noticias

La suspensión de clases presenciales debe ser la última medida a tomar

Las organizaciones integrantes del colectivo Infancia en Deuda creemos fundamental que la suspensión de clases presenciales sea, en todo contexto, la última medida que el Estado adopte, evaluando siempre alternativas menos lesivas y restrictivas a los derechos de niños, niñas y adolescentes. A su vez, entendemos que resulta central contar con información precisa, accesible, transparente y confiable que permita evaluar la adopción de una medida excepcional como esta.

La escuela es el espacio central por excelencia del proceso educativo y de socialización de niños, niñas y adolescentes. Además, cumple un rol de protección fundamental en el acceso a la alimentación de niñas y niños en situación de vulnerabilidad, constituyéndose también en un espacio de prevención, detección y contención de las violencias y situaciones de abuso que pueden darse dentro de las familias. 

Resulta prioritario considerar la importancia de esta multiplicidad de roles de la escuela a la hora de adoptar la medida extrema de suspensión de clases presenciales, así como la limitación temporal de su vigencia, procurando definir el regreso a una presencialidad que respete y cumpla los protocolos sanitarios y las medidas de higiene y seguridad consensuados en el seno del Consejo Federal de Educación.  

Asimismo, es necesario que las autoridades nacionales y provinciales garanticen el acceso a la conectividad y el equipamiento (netbooks o computadoras) para quienes no puedan regresar a las clases presenciales y para sostener el trabajo en modalidad alternada (presencial y remota). Según datos del INDEC, el 53.4% de niños y niñas del nivel primario y el 39.5% de estudiantes del nivel secundario en el AMBA no tuvieron acceso a una computadora el año pasado. La falta de conectividad de miles de niños y niñas profundiza las brechas de desigualdad en el acceso al derecho a la educación.  

Por otra parte, la suspensión de las clases presenciales vuelve a poner el foco en el impacto que la ausencia de servicios para el cuidado tiene en las familias, donde son las mujeres quienes asumen principalmente estas  tareas. De acuerdo con la evidencia de 2020, en el 85% de los hogares fueron las mujeres quienes asumieron las tareas de cuidado, con la sobrecarga que esto implica y las consecuencias gravosas en términos de posibilidades de continuar con sus empleos.

La información oficial demuestra que los riesgos no están en el interior de las escuelas, sino en la movilidad y en el uso del transporte público. Para cuidar la presencialidad, es imprescindible garantizar un transporte seguro para toda la comunidad educativa y avanzar en el plan de vacunación para las y los docentes.

Los derechos de las infancias y adolescencias son una prioridad de Estado de acuerdo con lo establecido por la Constitución Nacional, los tratados internacionales y las leyes nacionales. Este reconocimiento normativo debe ser una realidad en los hechos y la priorización de la educación, con políticas públicas pensadas, sostenidas y financiadas, es absolutamente central para que ello ocurra.

ACIJ

Fundación Kaleidos

Aldeas Infantiles SOS Argentina

Fundación Sur Argentina

ELA

FEIM

Hacer click para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Más en Noticias

To Top