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La violencia institucional y el uso abusivo de la fuerza contra adolescentes debe parar ya

El asesinato de Luciano Olivera, causado por un oficial de la Policía Bonaerense, exige a las autoridades nacionales, provinciales y municipales implementar políticas públicas para terminar con todo tipo de abuso por parte de las fuerzas policiales y de seguridad

Lejos de ser un caso aislado, la discriminación, estigmatización y violencia institucional contra adolescentes y jóvenes es estructural. Según CORREPI (2020), el 44,5% de las víctimas de este tipo de violencia son personas de 25 años o menos. La comisión de delitos por parte del Estado es inaceptable, más aún cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, quienes tienen derecho a una protección especial.

En este contexto, es preciso que las instituciones responsables adopten políticas de seguridad ciudadana respetuosas de derechos humanos así como que impulsen estrategias de prevención y sanción al interior de las fuerzas de seguridad.  Además, es necesario que los organismos de defensa de  derechos de las infancias y adolescencias ejerzan un control, denuncien estas vulneraciones y exijan modificaciones en el accionar de las fuerzas.

Para evitar la comisión futura de delitos contra niñas, niños y adolescentes  es imperioso que el Estado priorice de forma inmediata terminar con la violencia institucional. 

Las organizaciones que integramos Infancia en Deuda nos solidarizamos con la familia y seres queridos de Luciano y sumamos nuestra voz para pedir #JusticiaPorLuciano.

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