Esta semana se completa el inicio del ciclo lectivo 2022 en todo el país; sin embargo, no todas las niñas, niños y adolescentes volvieron a las aulas. La desvinculación escolar es una problemática estructural del sistema educativo agravado por la pandemia. Aunque no existen datos oficiales, se estima que al menos 500.000 estudiantes no empezaron las clases en la educación obligatoria, lo que equivaldría a una niña o niño menos por aula y podría aumentar hasta a 3 adolescentes por clase en el nivel secundario. En este contexto, la falta de estadística oficial así como la ausencia de información sobre las medidas adoptadas es inaceptable. Para contar con información que permita analizar la situación y reclamar las políticas correspondientes, ACIJ iniciará reclamos administrativos contra el Gobierno Nacional y acciones judiciales contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y la Provincia de Salta. Además, junto a diversas organizaciones de Infancia en Deuda, se presentará una serie de notas a las autoridades educativas nacionales y provinciales exigiendo respuestas por esta problemática.
Los dos años de pandemia acentuaron las desigualdades educativas que ya perjudicaban a las y los estudiantes más vulnerabilizados. La falta de acceso a la conectividad y a políticas de sostenimiento de las trayectorias escolares, implicó que miles de alumnas y alumnos interrumpan su vínculo con las escuelas. Frente a esta grave situación, organizaciones se manifestaron públicamente ante las autoridades educativas nacionales y, en particular, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), organización integrante de Infancia en Deuda, realizó pedidos de acceso a la información pública ante el Poder Ejecutivo Nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y Salta, con el fin de conocer la cantidad de estudiantes que se desvincularon de las escuelas o se encuentran en riesgo de hacerlo, y las medidas tomadas por cada jurisdicción para garantizar su reinserción.
Sin embargo, ninguna de las jurisdicciones consultadas brindaron información concreta sobre la tasa de abandono escolar entre 2020 y 2021. Tampoco explicaron cómo se implementaron las medidas aprobadas en el marco del Consejo Federal de Educación ni cómo fueron utilizados los fondos nacionales que se otorgaron para el abordaje de la problemática durante 2020 y 2021.
“Ante la falta de respuestas oficiales, iniciamos reclamos administrativos y acciones de amparo a fin de conocer cuántas niñas, niños y adolescentes se desvincularon de las escuelas y qué medidas se adoptaron para buscarlos y buscarlas”, expresó Francisco Rodríguez, coordinador del programa Derechos Sociales de la Niñez de ACIJ.
La desvinculación escolar agravada por la pandemia convive con una serie de problemáticas estructurales que dificultan o impiden el ingreso y permanencia en las escuelas. En especial, se destacan la falta de acceso a vacantes desde el nivel inicial, la negativa de la matrícula en escuelas comunes públicas y privadas por motivos de discapacidad, así como la ausencia de los apoyos necesarios para el acompañamiento de sus trayectorias escolares que les permitan aprender, participar y progresar sin discriminación.
“Los estados son responsables de garantizar las condiciones para el acceso, la permanencia y el egreso de la educación obligatoria de las niñas, niños y adolescentes, sin discriminación”, concluyó Bárbara Zanino, abogada del programa Derechos Sociales de la Niñez de ACIJ.
Es urgente que tanto el Estado Nacional como las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adopten medidas para recuperar a aquellas y aquellos estudiantes que no iniciaron el ciclo lectivo, o bien a pesar de haberse revinculado con la escuela requieren de un mayor apoyo para sostener sus trayectorias educativas. Además, es preciso pensar un sistema inclusivo real para las personas con discapacidad y las personas en situación de mayor vulnerabilidad social.
