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Las infancias vulnerables no pueden esperar más

El pasado lunes 15 de agosto falleció una niña de 11 años que asistía a la Escuela Primaria de jornada simple N° 11 “República de Haití” Distrito Escolar 5, en las cercanías de la Villa 21-24. Sus docentes denuncian que desde hace cinco años venían alertando de forma permanente su situación de gran vulnerabilidad -incluyendo problemas asociados a la nutrición- frente a las instituciones que componen el Sistema de Protección Integral de Derechos de la Ciudad de Buenos Aires. La falta de respuestas oportunas alertan sobre las graves falencias de este sistema.

Según la Ley Nacional N°26.061, el Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes está conformado por todos los organismos, entidades y servicios que “diseñan, planifican, coordinan, orientan, ejecutan y supervisan las políticas públicas (…) destinados a la promoción, prevención, asistencia, protección, resguardo y restablecimiento de derechos de las niñas, niños y adolescentes…” (art. 32). 

A nivel local, la Ley 114 crea el Sistema de Protección Integral, encabezado por el Consejo de Derechos de Niñas Niños y Adolescentes, como órgano especializado que actúa de forma descentralizada a través de sus Defensorías Zonales, en articulación con todos los organismos estatales. Esta norma exige que frente al conocimiento de una vulneración de derechos como la ocurrida se tomen “…acciones sociales de protección especial tendientes a proporcionar escucha, atención, contención y ayuda necesarias a las niñas, niños y adolescentes y a quienes cuiden de ellos” (art. 40).

Sin embargo, la falta de intervención oportuna y coordinada para abordar situaciones de vulnerabilidad extrema como la de esta niña y de su familia, que según docentes, fuera denunciada a la Defensoría Zonal en cuatro oportunidades diferentes, tiene consecuencias muy graves para la población más desfavorecida de la Ciudad, lo que incumple aquello que la ley procura proteger a través del sistema.

Por su parte,  el Ministerio de Educación tiene la responsabilidad de realizar una evaluación adecuada de este tipo de situaciones en relación al acceso a la alimentación escolar. En este caso las y los docentes denuncian una quita de la ración de refuerzo hipercalórico, con el consecuente empeoramiento de la situación nutricional de la niña, cuestión que debe ser dilucidada a los efectos de determinar las eventuales responsabilidades institucionales.

Lo sucedido evidencia problemas tan serios como la enorme falta de articulación y las severas deficiencias por parte de los organismos responsables para identificar y abordar situaciones de NNyA en situaciones de pobreza e indigencia estructural. Si bien es fundamental que accedan y permanezcan en la escuela, esto no es suficiente, se requiere un abordaje integral coordinando acciones también desde las áreas de salud, desarrollo social en favor de NNyA y sus familias. En especial, para quienes residen en barrios populares y sufren las consecuencias de servicios públicos sanitarios y alimentarios inexistentes o de mala calidad. 

Lo ocurrido exige al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fortalecer la implementación de políticas socioeducativas destinadas a abordar casos de forma adecuada y dotar de mejores recursos al Sistema de Protección Local a fines de asegurar intervenciones en favor de derechos como la alimentación, supervivencia y desarrollo (art. 6 CDN) de las niñeces y adolescencias más vulnerabilizadas de la sociedad. Asimismo, llamamos también a los organismos de defensa de derechos con responsabilidad en la materia -tales como la Defensoría del Pueblo de la Ciudad a nivel local y la Defensoría de Niños/as y Adolescentes a nivel nacional-, a redoblar sus esfuerzos para monitorear el funcionamiento de los órganos de protección en los niveles subnacionales e impulsar mejoras para el efectivo cumplimiento de sus deberes.

Es hora de que nos tomemos los derechos de las infancias en serio.

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