Niñas, niños y adolescentes en aislamiento: ¿Cómo funciona el sistema de protección?

De todas las consecuencias que tiene el aislamiento obligatorio en Argentina, hay una que afecta especialmente a niñas, niños y adolescentes: el deterioro en el funcionamiento del sistema de protección.

¿De qué se trata? Creado bajo la Ley 26.601/05 el Sistema de Protección Integral de niños, niñas y adolescentes (NNyA) está formado por todos aquellos organismos que diseñan, planifican y coordinan las políticas públicas destinadas al resguardo de los derechos de la infancia y la adolescencia. De acuerdo al artículo que lo regula, el sistema de protección “establece los medios a través de los cuales se asegura el efectivo goce de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, demás tratados de derechos humanos ratificados por el Estado argentino y el ordenamiento jurídico nacional”.

El sistema de protección (SDP) está dividido en tres niveles (nacional, federal y provincial) y debe actuar en aquellas situaciones en las que hace falta promover o garantizar los derechos de la población de niños, niñas y adolescentes. Estos casos son:

• Cuando no poseen cuidados parentales y requieren de acompañamiento en hogares, en sus estudios y en su vida en general.
• Cuando viven situaciones de violencia doméstica o intrafamiliar
• Acceso integral a la salud
• Acceso integral a la educación
• Protección a la maternidad y paternidad
• Derecho al deporte
• Derecho al medio ambiente
• Derecho al trabajo en el caso de los adolescentes

El sistema de protección nace también con la perspectiva de cambiar la idea de que los NNyA son objetos a los que se debe tutelar mediante decisiones judiciales sino que son agentes de sus derechos.

De acuerdo con un estudio realizado por DONCEL, la ley que lo creó “provocó un cambio de paradigma teórico que generó no solo la creación de una multiplicidad de instituciones específicas de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNyA), como la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia (SENNAF), el Consejo Federal de Niñez Adolescencia y Familia (COFENAF), y el Defensor Nacional de los Derechos de NNyA, sino también una modificación en las prácticas de cuidado tendientes a promover, respetar y restituir derechos vulnerados”. El sistema de protección nace también con la perspectiva de cambiar la idea de que los NNyA son objetos a los que se debe tutelar mediante decisiones judiciales sino que son agentes de sus derechos.

En una entrevista, el director de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia aseguró que “los casos de violencia hacia los niños aparecen como una amenaza durante la pandemia”.

En este contexto Gabriel Lerner, el director de la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia expresó su preocupación por la duplicación de llamados a la línea 102, destinada al asesoramiento sobre derechos de NNyA. Pero las preocupaciones no terminan allí: a pesar de que el ASPO avanzó de fase en muchos puntos del país, hay algunas actividades fundamentales que no son consideradas esenciales y por lo tanto peligra la garantía de ciertos derechos. A su vez, especialistas indican que este problema es de larga data y previo a la pandemia.

¿Qué urgencias aparecen en este contexto? ¿Cuales son pre-existentes y quedan resaltadas en este momento? Consultamos con referentes en la materia para dar un panorama de la situación.

“Hay exposición a que se agraven situaciones de violencia preexistentes”

Agostina González – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)

«El aislamiento ha expuesto a las mujeres, trans y travestis que conviven con sus agresores y, muchas veces también con sus hijas e hijos, a situaciones de tensión que pueden agravar las situaciones de violencias que existían con anterioridad», asegura Agustina González, del equipo ELA.

El aislamiento ha expuesto a las mujeres, trans y travestis que conviven con sus agresores y, muchas veces también con sus hijas e hijos, a situaciones de tensión que pueden agravar las situaciones de violencias que existían con anterioridad. En Salta, por ejemplo, la Asesora General de Incapaces, Mirta Lapad, informó que durante la cuarentena recibieron una gran cantidad de denuncias de niñas, niños y adolescentes afectadas/os por casos de violencia de género, que realizaron 50 intervenciones por denuncias de delitos contra la integridad sexual y 327 por violencia intrafamiliar y de género en que las víctimas fueron niños, niñas y adolescentes.

Por eso hemos realizado un relevamiento sobre el impacto de las medidas tomadas durante la cuarentena destinadas a atender los casos de violencia de género en el país. En particular, vinculado con los derechos de niñas, niños y adolescentes, las principales dificultades que hemos observado están vinculadas con el abordaje de la violencia económica, que perjudica a las niñas, niños y adolescentes que se encuentran impedidas/os de percibir cuotas alimentarias reguladas en su favor; así como el acceso a refugios en otros casos.

Si bien en este contexto se han habilitado distintas vías de atención remota, se ha dificultado el acceso a los distintos dispositivos de atención para denunciar y/o buscar asistencia en estos casos, así como para obtener respuestas por parte del Poder Judicial.

“La falta de acceso a la tecnología exacerba las desigualdades”

Andrés Segade – DONCEL

«Los principales problemas en este contexto tienen que ver con la falta de conectividad, de equipamiento técnico de wifi en los hogares: tener un celular, una compu para poder comunicarte con el exterior», explica Andrés Segade, de DONCEL.

Los principales problemas en este contexto tienen que ver con la falta de conectividad, de equipamiento técnico de wifi en los hogares: tener un celular, una compu para poder comunicarte con el exterior. La falta de acceso a la tecnología es muy restrictiva, exacerba la desigualdades. Ese es un de los principales problemas. También en los dispositivos está el problema que pasa muy claramente en la Ciudad de Buenos Aires: la falta de personal, hay mucha gente que está con licencia porque son personas de riesgo frente al COVID o porque tienen gente a cargo y por eso están licenciados. Hay una cuestión de colapso en términos de la cantidad de personal.

Además, el sistema de protección en general tiene problemas de ausencia de respuestas unificadas, como los problemas con la línea 102 que deberían identificar tempranamente casos de vulneración de derechos. Eso se superpone con la falta de personal que están teniendo los sistemas de protección a nivel general, que tiene que ver con el parate de toda la actividad.

“Hay una sospecha de la invisibilidad de las denuncias de violencia”

Facundo Hernández – Defensor Adjunto de la Defensoría NNyA

«Un tema central es que veces se suele olvidar la capacitación y profesionalización de los trabajadores del sistema de protección, que suelen trabajar con contratos precarizados en puestos donde hay mucha rotación, o no siempre se dimensiona el trabajo», asegura Facundo Hernández, Defensor Adjunto de la Defensoría NNyA.

Muchas de las funciones del servicio de protección quedaron como servicios no esenciales en el marco de la pandemia: los esenciales son los de jóvenes sin cuidados parentales, en conflicto con la ley penal, institucionalizados; entre otros. Por eso, es clave que mientras esto persista se vayan ampliando esos servicios esenciales. En muchas provincias donde se avanzó en las fases del aislamiento ya están funcionando.

Además, hay una sospecha generalizada de la invisibilidad de las denuncias de violencia. Sabemos que el 102 no funciona bien en todo el país e incluso en lugares donde funciona remiten a llamar al 911.

Más allá de este contexto, una de las funciones principales de la defensoría en línea con las recomendaciones de las Naciones Unidas es el fortalecer el sistema de protección de derechos en todos los niveles. Es fundamental que no solo el sistema de protección se dedique a lo que son los servicios locales, sino también que trabaje fuertemente la intersectorialidad con otros espacios. Las intervenciones tienen que ser más homogéneas, tienen que estar más monitoreadas. Tiene que haber un estándar mínimo de intervención.

Otro tema central es que veces se suele olvidar la capacitación y profesionalización de los trabajadores del sistema de protección, que suelen trabajar con contratos precarizados en puestos donde hay mucha rotación, o no siempre se dimensiona el trabajo. Nos interesa impulsar una carrera administrativa en ese sentido. Es fundamental que partamos de una línea de base, de un diagnóstico a nivel nacional y saber en qué situación efectivamente estamos. Hay iniciativas regionales y nacionales pero no hay una posición estandarizada.

“La violencia es siempre prevenible”

Hernán Monath, Especialista en Protección de Derechos y Acceso a la Justicia – UNICEF

«La emergencia generada por el COVID-19 enfrenta a las familias a situaciones de estrés y presiones por el aislamiento social: el cierre de escuelas y espacios comunitarios de cuidado, la disminución de ingresos y la inestabilidad laboral y la mayor carga generada por las actividades en el hogar generan malestar y angustia», asegura Hernán Monath, de UNICEF.

La violencia contra niñas, niños y adolescentes es ejercida en muchos casos por familiares y miembros del entorno cercano. En este sentido, en el caso del aislamiento social, el riesgo de violencia contra ellas y ellos aumenta en tanto puede implicar la convivencia ininterrumpida con quienes en muchos casos son los agresores.

La emergencia generada por el COVID-19 enfrenta a las familias a situaciones de estrés y presiones por el aislamiento social: el cierre de escuelas y espacios comunitarios de cuidado, la disminución de ingresos y la inestabilidad laboral y la mayor carga generada por las actividades en el hogar generan malestar y angustia. La “Encuesta de Percepción y Actitudes de la Población. Impacto de la pandemia y las medidas adoptadas por el gobierno sobre la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes” presentada por UNICEF el último abril, da cuenta de que en el 20% de los hogares se identificó que hay más enojos y discusiones: un 50% entre adultos, 30% entre adultos e hijos e hijas y 19% entre los hijos e hijas.

Existe también preocupación en torno a la mayor exposición de niñas, niños y adolescentes en internet, lo cual eleva el riesgo de ser víctimas de ciberacoso, exposición a contenidos inadecuados para su edad, robos de información personal y delitos relacionados con la explotación sexual en línea.

UNICEF trabaja actualmente para contener la situación de estrés y tensión que produce el aislamiento, tanto en adultos como en niñas, niños y adolescentes. El Plan de Respuesta incluye acciones de promoción de pautas de crianza positiva y equilibrio entre las tareas de cuidado, del hogar y laborales, y prevención de la violencia, incluido el abuso sexual dentro del hogar. UNICEF trabaja para fortalecer los sistemas locales de protección de derechos y apoya las líneas telefónicas de atención de violencia: 137 y 102. Además, junto a la Alianza para la Protección de la Infancia en la Acción Humanitaria recomiendan, en la guía «Protección de la niñez y adolescencia durante la pandemia del coronavirus«, que los gobiernos y las autoridades de protección adopten medidas concretas para garantizar la protección de las niñas, niños y adolescentes como parte fundamental de todas las medidas sociosanitarias de prevención y control del COVID-19.

La violencia contra niños, niñas y adolescentes es siempre prevenible y es responsabilidad del Estado apoyar a las familias, a las comunidades y a las instituciones para sensibilizar sobre una crianza basada en el buen trato, el respeto, el diálogo y la adquisición de recursos y habilidades para lograrlo.

Según una encuesta reciente presentada por UNICEF, en el 20% de los hogares se identificó que hay más enojos y discusiones: un 50% entre adultos, 30% entre adultos e hijos e hijas y 19% entre los hijos e hijas.

“Casi nadie conoce el funcionamiento del sistema de protección”

Laura Musa – SUR

«Lo que funciona o no es exactamente lo mismo en tiempos de pandemia o sin pandemia, solo hay un par de cuestiones que se agravan», Laura Musa, de Fundación SUR.

Llegamos al 2020 con Organismos de Protección que no responden a la normativa vigente. Esto significa que al acudir a estos servicios municipales las personas menores de edad con derechos vulnerados y sus familias se encuentran con oficinas mucho más parecidas a las de minoridad del antiguo régimen que a una institución que despliega estrategias para restaurar derechos.

Cuando niñas, niños y sus familias se dan por vencidos por la burocracia estatal sin respuesta, estas oficinas gestionan en muchos casos la institucionalización de las personas menores de edad como única solución. Salvo excepciones, los jueces acompañan esta práctica Estatal y en lugar de resolver las cuestiones de fondo que afectan a estas familias, decretan la adoptabilidad de las niñas, niños o adolescentes, suprimiendo todo esfuerzo para el Estado. Una ilegal transferencia de los sectores más pobres a quienes tienen resuelto su situación económica, alejándose del principio que indica que la adopción nunca puede ser producto de la falta de recursos económicos.

Lo que funciona o no es exactamente lo mismo en tiempos de pandemia o sin pandemia, solo hay un par de cuestiones que se agravan. Casi nadie conoce el funcionamiento del sistema de protección, por eso no se reclama más por un funcionamiento que debería ser especialmente eficaz en toda emergencia, porque están destinados a las situaciones graves, no para lo cotidiano.

Por ejemplo, en Villa Azul no está trabajando el sistema de protección local a pesar de las varias notas en que pedimos su intervención. La pandemia agrava su condición y el sistema de protección sólo relata sus inconvenientes gremiales, que los tienen -falta de protocolos, de elementos protectores, sueldos bajos-, pero nada dicen de las condiciones de los chicos y chicas internados.

Es urgente que los defensores de derechos de niñas, niños y adolescentes y ONGs de defensa de los Derechos Humanos interpelen a las oficinas de protección integral de derechos en todo el país, a que cumplan con la manda de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución y la ley nacional 26.061, porque son la única herramienta legal establecida para que todas las personas menores de edad sin diferencia accedan a todos los derechos.

“Los servicios no tienen personal suficiente”

Nora Pulido – Colectivo por los Derechos de Infancia

«Si bien estos obstáculos ya estaban presentes con anterioridad a la pandemia se ven agravados en la actualidad ante la reducción de servicios públicos a los que NNyA concurrían de manera presencial, educación, contención y otros servicios», sostiene Nora Pulido, del Colectivo por los Derechos de la Infancia.

Los años del gobierno de la alianza Cambiemos aceleraron el desmantelamiento de un sistema desde ya desarticulado. Recordemos que en los últimos años  la SENAF se convirtió en  un organismo absolutamente vacío, tal como lo demostró ante el Comité de Derechos del Niño de la ONU en el examen periódico sobre el cumplimento de la CDN.

Es en ese terreno yermo de las políticas públicas de Niñez donde se instala la pandemia. Los servicios de protección de derechos de NNyA no cuentan con personal suficiente ni calificado para absorber la demanda de denuncias o necesidades de intervención. Las tareas referidas a Promoción de Derechos, que en la mayoría de los distritos son insuficientes, quedaron suspendidas y el personal solo actúa ante requerimientos de Protección de situaciones graves, resultando superado por la demanda.

El personal de estos servicios es contratado; en su gran mayoría de manera precaria, sin relación de dependencia, con baja remuneración y sin ser provisto de medidas de seguridad para enfrentar la emergencia sanitaria. Una de las situaciones que se agudiza es la gran rotación de los y las profesionales que no se mantienen en los cargos. No existe una carrera administrativa que jerarquice al área. No hay planes de capacitación continua, ni protocolos suficientes, ni supervisión o acompañamiento institucional para abordar las vulneraciones de derechos que se atienden.

Si bien estos obstáculos ya estaban presentes con anterioridad a la pandemia se ven agravados en la actualidad ante la reducción de servicios públicos a los que NNyA concurrían de manera presencial, educación, contención y otros servicios; quedando las niñas, niños y adolescentes encerradas/os en sus domicilios sin protección ante posibles agresiones por parte de adultos a cargo, agudizadas por las condiciones de aislamiento social y privaciones económicas.

Verificamos que los números telefónicos de solicitud de ayuda no funcionan debidamente, y aún si estos  funcionan; la capacidad de respuesta efectiva de equipos profesionales interdisciplinarios de protección en los territorios es mínima, en relación con el aumento de la demanda. La inversión pública en lo social, y en niñez debe ser reforzada de manera urgente.

Insistimos que es importante la presencia de servicios integrales territoriales con movilidad propia y provisión de elementos de bioseguridad para enfrentar las intervenciones en la emergencia; así como de materiales didácticos con contenidos de aplicación de la Educación Sexual Integral y prevención de la violencia accesibles para todos los niveles educativos, con datos de lugares de acceso al auxilio en la emergencia.

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Si sos niño/a o adolescente y sentís que tus derechos son vulnerados o conocés a algún/a niño/a o adolescente que sufra de violencia o maltrato, podés denunciarlo. Estas líneas son vía de comunicación, información, orientación y/o asesoramiento.

Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes

En IG @defensora_nna

En TW @defensora_nna

Buenos Aires (provincia): línea 137; línea 102

CABA: línea 102; 0800-2221717

Catamarca: línea 102

Chaco: línea 102

Chubut: Linea 103 (Puerto Madryn); (02945) 45-1424 (Centro de Asistencia a la Víctima del Delito Trelew);  (0280) 4481209 (Oficina de la Mujer y la Violencia de Género); (0297) 154779774.

Córdoba: línea 102; 0800-888-9898 (Línea de denuncias de violencia familiar del gobierno de la provincia)

Corrientes: 4432913 / 4484651 (Comisaría de la Mujer y el Menor)

Entre Ríos: línea 911 para urgencias.

Formosa: línea 102

Jujuy: línea 102; 0388 4400837 (San Salvador de Jujuy)

La Pampa: línea 101

La Rioja: 3804482471 (línea de emergencia de la Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia línea de emergencia; atienden todos los días de 8 a 22 hs)

Mendoza: 4285642 (Dirección de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes)

Misiones: línea 102; línea 137; (376) 4433285 (Defensoría provincial de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes)

Neuquén: (0299) 446-2282 / 2846 (Subsecretaría de Niñez y Adolescencia)

Río Negro: 10228342 (Asociación Rionegrina de Prevención de la Violencia Familiar); 0299 477-8737 (Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia)

Salta: línea 102

San Juan: línea 102

San Luis:  0266-4423676 (Poder Judicial de San Luis)

Santa Cruz: línea 911 para urgencias; (02966) 644943

Santa Fe: (0342) 4572887/4577074 (Subsecretaría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes); (0341) 3217392 (Rosario)

Santiago del Estero: 385 154266517, 385 154260441, 385 154266554, 385 155024248. 385 154264872 (Ciudad capital) 385 154260556 (Termas de Río Hondo) 385 154266545 (Quimili) 385 154264843 (Añatuya) 385 154260488 (Pinto) 385 154266441 (Ojos de Agua) 385 154266503 (Los Telares) 385 154189076 (La Cañada) 385 154266447 (Frías) 385 154264867 (Monte Quemado)

Tierra del Fuego: (02901) 421888 / Int. 212-213 (Ministerio de Salud y Acción Social); (02964) 490270

Tucumán: línea 102