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Nota a la Defensoría por la situación actual

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de noviembre de 2020

Defensora Nacional de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Ab. Marisa Graham

Defensor Nacional Adjunto de los derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes

Ab. Facundo Hernández

Las organizaciones integrantes del colectivo Infancia en Deuda abajo firmantes nos dirigimos a ustedes en relación con la gravísima situación que atraviesa la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes para exigirles que tomen todas las medidas a su disposición para fortalecer la institucionalidad del organismo, garantizar una mayor transparencia y asegurar su correcto funcionamiento en el control y exigencia de las políticas públicas que cumplan con los derechos de niñas, niños y adolescentes. Además, le solicitamos una reunión, en carácter urgente, para poder dialogar sobre las cuestiones planteadas.

Luego de más de catorce años de mora del Congreso Nacional, el 28 de febrero de este año se puso en funcionamiento esta institución, creada por la ley 26.061 para que los derechos de las infancias y las adolescencias se garanticen de forma equitativa en todo el país. Siguiendo los estándares previstos por el art. 50 de la ley 26.061, la designación de la Defensora y sus Adjuntos se llevó adelante luego de un concurso público de oposición y antecedentes, que priorizó el mérito en la selección de las autoridades y se realizó en el marco de un reglamento diseñado con estrategias participativas. La Comisión Bicameral llevó adelante un proceso que ha marcado un hito en la institucionalidad, la transparencia y el favorecimiento de mecanismos que aseguren la idoneidad y la autonomía de sus autoridades como lo requiere la ley. 

Sin embargo, la gravedad de las razones que fundamentan la renuncia del Defensor Adjunto Fabián Repetto, darían cuenta de que el recorrido de los primeros meses de la institución habría sido contrario al proceso que le dio origen y que podría haber obstaculizado la capacidad de control de la Defensoría. Ello implicaría el peor de los escenarios posibles, es decir, una Defensoría Nacional formalmente en funciones, pero virtualmente incapaz de cumplir su mandato legal en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Desde Infancia en Deuda volvemos a exigir, como lo hicimos a lo largo de los años en los que trabajamos arduamente en el impulso de la creación de la Defensoría Nacional, que la institución asegure el cumplimiento de las obligaciones que exige la ley 26.061 que detallamos a continuación. 

En primer lugar, la autonomía y la independencia del organismo, que implica necesariamente la exigencia formal y pública de los derechos de la infancia, en relación con el resto de los poderes del Estado y respecto de las diversas fuerzas políticas, de forma tal que sólo se encuentre comprometida en la promoción de acciones que garanticen los derechos de la niñez, como prioridad única. De esta manera, que pueda realizar todas las acciones de control y exigencia de políticas públicas para este grupo vulnerabilizado independientemente de la posición partidaria de la jurisdicción. 

Asimismo, que cumpla con la realización de concursos transparentes y públicos con criterios objetivos y claros para la designación de las funcionarias y funcionarios, especialmente quienes se desempeñen en puestos jerárquicos, que aseguren la elección de las personas más calificadas y con más experiencia para cada rol. Consideramos que el proceso que concluyó con el nombramiento de la Defensora y los Defensores Adjuntos debe ser la regla para el acceso al resto de los puestos, en particular de aquellos que tengan a cargo la toma de decisiones en el rol de control que ejerce este organismo. En particular, considerando que, según el Proyecto de Presupuesto 2021, la Defensoría pasaría de estar compuesta por 32 personas a 112, lo que exige una gran cantidad de contrataciones que deben realizarse por criterios de idoneidad que solo permite un concurso público. 

El cumplimiento de los estándares vigentes en materia de transparencia activa y pasiva que garantice la publicidad de todas las acciones de incidencia, denuncias recibidas y si fueron canalizadas o no, reuniones con autoridades de los diversos poderes, estructura, personal, utilización de los recursos públicos, entre otras cuestiones. Es necesario que esta información sea presentada en formato abierto y con el máximo nivel de desagregación posible con el objetivo de que la sociedad en su conjunto y, en particular, niñas, niños y adolescentes puedan evaluar el desempeño de la institución. Para ello, consideramos que debe ser priorizado el desarrollo de un sitio web para la Defensoría que contenga la publicación periódica de la información pública, conforme a los criterios de la Ley 27.275 de Acceso a la Información.

Además, recomendamos intensificar el rol de control activo por parte de la Comisión Bicameral en el trabajo de la Defensoría y en la rendición de cuentas y presentación de información que exige la Ley. En este sentido, de acuerdo con lo informado por la Comisión Bicameral en sus sesiones internas del 25 de agosto y 21 de octubre, la institución a su cargo había omitido presentar resoluciones, los criterios y formas en las que había seleccionado a su personal, tampoco se habían presentado metas e indicadores en el plan de trabajo que permitieran evaluar su desempeño. Consideramos que es fundamental que, respetando la autonomía de la Defensoría, se informe con el máximo nivel de detalle a la Comisión Bicameral. Por último, es preciso generar espacios de participación amplia de los diferentes sectores de la sociedad, y de las infancias y las adolescencias.

A tan solo ocho meses de la puesta en funcionamiento de la Defensoría Nacional enfrenta una crisis institucional que exige la priorización en el cumplimiento de las obligaciones referidas con urgencia. El ordenamiento jurídico argentino establece un compromiso muy alto con los derechos de niñas, niños y adolescentes que requiere la intervención de instituciones idóneas, autónomas y transparentes que aseguren la adopción de las mejores acciones posibles para hacer realidad las obligaciones asumidas por el Estado Nacional. 

Desde la sociedad civil, le solicitamos que adopten estas medidas y la apertura de una instancia de diálogo que busque incorporar la revisión periódica y el impulso de estrategias de institucionalidad, transparencia y participación, que aseguren una Defensoría modelo y de referencia. 

Sin otro particular, saludamos a ustedes atentamente.

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