Pandemia. Una mirada sobre el aumento de la brecha de desigualdad en las infancias y adolescencias

La pandemia de coronavirus ha puesto en evidencia las desigualdades en las sociedades y, particularmente, las dificultades que sufren las personas en situación de mayor vulnerabilidad. En este contexto, ONU Argentina lanzó un informe que analiza el impacto transversal, socioeconómico, ambiental y en los derechos humanos de la emergencia sanitaria por Covid-19. 

El informe asegura que la pandemia revela “las consecuencias nocivas y las debilidades de los modelos neoliberales que promueven un Estado mínimo que deserta de sus responsabilidades esenciales vinculadas con el acceso a los derechos”. 

En este contexto, se invita al gobierno argentino a trabajar en políticas públicas con foco en el desarrollo sostenible y la protección de derechos, con especial énfasis en las poblaciones en situaciones de mayor vulnerabilidad, dentro de las que se encuentran las infancias y adolescencias. 

El impacto de la pandemia en los ingresos familiares: pobreza y costo social

En el contexto de la emergencia sanitaria por coronavirus, según datos de una encuesta realizada por Unicef, el 28,3% de los hogares relevados dejó de consumir algún alimento por limitaciones en el ingreso; en las villas y los asentamientos, el porcentaje llega al 45,3%. 

La encuesta detectó también cambios en los patrones de los comedores escolares y mayor dependencia de viandas y bolsones en los hogares, según la ubicación de la vivienda: del total de la población encuestada, el 8% de los hogares con niños, niñas o adolescentes asiste habitualmente al comedor escolar. 

Según el Indec, en la segunda mitad de 2019, el 35,5% de la población era pobre, con un 8% en extrema pobreza (indigencia). Niños, niñas y adolescentes se ven todavía mas perjudicados/as: la pobreza afecta al 52,3% de las personas menores de 14 años y al 42,5% de quienes tienen entre 15 y 29 años; el número es aún mayor en algunas regiones, como el Gran Buenos Aires (40,5%), las provincias del NEA (40,1%) y del NOA (40,7%).

Con el objetivo de moderar el impacto de la crisis, el Gobierno implementó un pago extra de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) por 3.100 pesos, y postergó el pago de las deudas de abril y mayo con la ANSES de beneficiarios/as de la AUH y jubilados/as.

Además, agregó el pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), un bono de 10.000 pesos que ya han cobrado más de 4 millones de personas en abril y que se prolongará como consecuencia de la extensión de la cuarentena. También se ha fortalecido la provisión de alimentos en comedores comunitarios y espacios de contención de sectores vulnerables. 

La brecha en la educación

La expansión del Covid-19 provocó la suspensión de las clases presenciales en las escuelas en los niveles inicial, primario y secundario, generando que 10.5 millones de niños, niñas y adolescentes dejaran de asistir a los centros escolares. 

A su vez, el cierre de escuelas y centros educativos, interrumpe también el acceso a otros servicios y apoyos, ampliando así las brechas de desigualdad. En Argentina, el 80% de las escuelas de gestión estatal ofrecen desayuno, almuerzo o merienda. Dada esta realidad, el Ministerio de Educación Nacional y provinciales adecuaron los protocolos para los servicios de comedores para sostener los servicios bajo distintas modalidades. 

Además, este contexto favorece a agudizar otras desigualdades preexistentes como es la falta de conectividad y de acceso a las tecnologías en una gran parte de la población. El 18% de las y los adolescentes entre 13 y 17 años no cuenta con Internet en el hogar y el 37% no dispone de dispositivos electrónicos para realizar las tareas escolares —computadoras, notebooks o tablets—, valor que aumenta al 44% entre quienes asisten a escuelas estatales.

La interrupción de la escolaridad presencial también da lugar a otros cambios, como los que se dan en las tareas de cuidado en el interior de las familias. La situación actual recarga las tareas domésticas y de cuidado al interior de los hogares, y profundiza las desigualdades existentes entre mujeres y varones debido a la persistencia de la división sexual del trabajo. Los datos de la encuesta desarrollada por Unicef indican que el 51% de las mujeres manifiesta estar sobrecargada y que el apoyo para realizar los deberes es principalmente realizado por las madres (68%). 

La encuesta también indica que el 62% de niños y niñas ayuda con los quehaceres domésticos: el 54% con las tareas de limpieza, el 21% participa en la preparación de las comidas y el 13% cuida a los/las hermanos/as más pequeños/as. 

Dadas las cifras, es importante recordar que, aún cuando esta situación las/os vincula a las dinámicas del hogar, es esencial que los/las chicos/as realicen actividades adecuadas para su edad y que no supongan un costo de oportunidad para las actividades educativas, lúdicas y de ocio. 

Sobre la salud sexual y reproductiva

La salud sexual y reproductiva también se ve fuertemente afectada por el aislamiento obligatorio. Según el informe, se registrará un fuerte impacto sobre el acceso a los anticonceptivos modernos de corta duración —como preservativos, anticonceptivos orales e inyectables— ya sea por la falta de abastecimiento y provisión pública, como por las dificultades de las mujeres para adquirir los anticonceptivos con sus propios recursos en las farmacias. En nuestro país, la gran mayoría de las usuarias de métodos anticonceptivos (81%) utilizan los de corta duración. 

Violencia de género y abuso sexual en pandemia

El encierro, el hacinamiento y la posible discontinuidad de redes de protección social afectan los determinantes sociales de la salud y el bienestar de las mujeres y las desigualdades de género preexistentes. Y, en este contexto, aumentan los riesgos de violencia de género y abuso sexual. 

Según el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, a partir del 20 de marzo, el promedio diario de llamados recibidos por la línea telefónica 144 —el único servicio nacional, gratuito y confidencial que brinda atención y orientación sobre violencia de género— superó en un 39% al de los días anteriores. Asimismo, durante el período de aislamiento se han incrementado los femicidios: entre el 20 de marzo y el 16 de abril hubo 21 femicidios en el país.

Pero no solo aumenta la violencia contra las mujeres, sino también contra niños, niñas y adolescentes. En el 1% —es decir, 36.758— de los hogares se vivió situaciones de violencia familiar; en el 74% de los casos esas situaciones involucraron a mujeres y en el 51% a niñas/os. 

La situación de las personas migrantes y refugiadas

La pandemia ha afectado especialmente la movilidad humana a nivel global y Argentina no es ajena a esta situación: en el país residen 2.212.879 personas migrantes y aproximadamente 12.000 personas refugiadas y/o solicitantes de tal condición. 

Del total, se estima que unas 800.000 personas se encuentran bajo la línea de pobreza (más del 36%) y el segmento etario con mayores tasas de pobreza e indigencia entre migrantes es el de niños, niñas y adolescentes: el 33,4% es pobre y el 16,4% es indigente.

Así como ha fijado nuevas, inesperadas y urgentes prioridades, la emergencia sanitaria ha puesto en evidencia la importancia del Estado como garante de la salud pública y de la continuidad en la prestación de servicios esenciales. 

Así como es fundamental el abastecimiento de alimentos, transporte, recolección de residuos, ingresos y subsidios a personas en situación de vulnerabilidad social y económica, también es esencial la protección de los derechos e integridad de las poblaciones más vulnerables, como son niños, niñas y adolescentes, mujeres, la comunidad LGBT+ y las personas migrantes y refugiados/as. Como dice el informe de las Naciones Unidas, “el virus no discrimina, pero su impacto sí”.