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Presupuesto cero para la infancia

 

 

La coalición de organizaciones no gubernamentales INFANCIA EN DEUDA advierte que el proyecto de ley de Presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo para el año 2018 no contempla las previsiones presupuestarias necesarias para financiar el funcionamiento del Defensor del Niño.

La figura legal del Defensor del Niño fue creada en 2005 por la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de proteger y visibilizar las problemáticas de los niños y priorizar también sus derechos en la agenda de políticas públicas. Sin embargo, y aunque la norma establecía un plazo de 90 días, nunca fue designado.

Con 12 años de demora, y como resultado de la lucha y el impulso de las organizaciones sociales de la sociedad civil, el 25 de octubre pasado la Bicameral abrió la convocatoria para elegir al Defensor del Niño y hay 68 postulantes para definir la elección por concurso de oposición y antecedentes.

Las ongs defensoras de los derechos de niñas, niños y adolescentes que componen INFANCIA EN DEUDA han advertido públicamente su preocupación, ya que el proyecto de Presupuesto en todas sus versiones no permite identificar si se destinarán fondos a este organismo de control; y elevaron notas al Congreso Nacional para reclamar que se incluya la partida presupuestaria correspondiente para garantizar a esta institución la autarquía necesaria.

Luego de doce años sin la conformación del órgano responsable de garantizar el ejercicio de sus derechos, la falta de una asignación presupuestaria adecuada para su funcionamiento en 2018 puede prolongar su ausencia.

Debe contemplarse, además, que la ley 26.061 ha dispuesto la intangibilidad de los fondos destinados a la infancia, adolescencia y familia, disponiendo que las asignaciones anuales no pueden ser inferiores a las de los ejercicios anteriores (artículo 72). Por ello, la asignación de recursos para la conformación de la Defensoría no debe, en ningún caso, dar lugar a reducciones presupuestarias de otros programas o políticas públicas para la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia.

A esta disminución, se suma la preocupación por la caída en la inversión social global en niñez en nuestro país, con una retracción del 2.7 a 2.6 del Producto Bruto Interno entre 2015 y 2016. Ello es aún más alarmante en el contexto creciente de impacto desproporcionado de la pobreza sobre la población infantil y adolescente: la mitad de los chicos argentinos de hasta 14 años vive en hogares pobres, según datos difundidos recientemente por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA.

También cae la asignación presupuestaria para la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF):

El proyecto de presupuesto para 2018, tal como lo ha presentado el PEN implicaría, de aprobarse, una disminución de los montos proyectados para la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que ajustados por inflación disminuyen un 6% respecto del presupuesto 2017.

La disminución es mucho más importante en el Programa 47 “Promoción y Asistencia a los Centros de Desarrollo Infantil Comunitario” que baja un 31%. Este programa, que constituye la principal política de primera infancia del gobierno, recibirá un presupuesto sustancialmente más bajo que en 2017, cuando sufrió reasignaciones que redujeron el monto asignado por el Congreso en más de 1.000 millones. En esa oportunidad, el Congreso asignó 1.904 millones, el Ministerio lo redujo a 822 millones y de ese monto subejecutaron un 42%-

En este contexto, las organizaciones que integran INFANCIA EN DEUDA elevaron una nota a las autoridades del Congreso Nacional para solicitar que, en el marco del debate de presupuesto para 2018:

-Se propicie el cumplimiento de la ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes incluyendo una partida presupuestaria destinada a garantizar las funciones del/la Defensor/a de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes

– Se promueva un incremento del presupuesto proyectado para la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia que contemple el ajuste por inflación

– Se impulse un aumento en la inversión social para la niñez.

Ayer, el presidente Mauricio Macri se refirió a la niñez como uno de sus “ejes prioritarios”. Sería esperable, entonces, que el Congreso Nacional debata y apruebe un presupuesto acorde con dicha prioridad, para velar por el efectivo respeto a los derechos y garantías legales de la infancia. Para ello, tiene que incluir la partida presupuestaria correspondiente al cargo del Defensor del Niño, que deberá entrar en funciones en 2018, y un aumento real y significativo para la SENNAF.

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