Reforma previsional: la infancia no puede ser la variable de ajuste

La coalición de ongs que componen la causa INFANCIA EN DEUDA advierte que la reforma previsional del Ejecutivo nacional afecta a 4.124.958 niños, niñas y adolescentes que reciben asignaciones familiares y 3.941.893 niñas, niños y adolescentes que reciben asignaciones universales, y vuelve más inequitativo el sistema de transferencias (al ampliar la brecha entre Asignación Universal por Hijo y deducción de ganancias), por lo que reclaman que entre en funciones la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación por los Derechos del Niños, Niñas y Adolescentes.

La norma aprobada modifica la fórmula que actualiza las prestaciones previsionales y prestaciones monetarias de la seguridad social, entre ellas las Asignaciones Familiares contributivas (AAFF) y la Asignación Universal por Hijo (AUH), dos de los tres canales por los que el Estado transfiere recursos a las familias con niños, niñas o adolescentes (NNA).

Un tercer canal son las transferencias (tácitas) que se realizan a partir de la deducción por hijo que se puede realizar al impuesto a las ganancias. Las transferencias que realiza el Estado a las familias con niños, niñas y adolescentes son inequitativas y fragmentadas (CIPPEC, 2016) dado que excluyen fundamentalmente a familias de los sectores de menores ingresos y quienes deducen del impuesto a las ganancias pueden percibir (indirectamente) un monto mayor que quienes reciben AUH.

La comparación entre la vieja y la nueva fórmula indica la existencia de una brecha que disminuye las prestaciones en los totales anuales de 2018.

Según cálculos de especialistas en base a cálculos del Ministerio de Hacienda de la Nación y estimaciones proporcionadas por Eco GO, incluso con la incorporación del bono compensatorio la diferencia acumulada para 2018 en la evolución de la prestación de la AUH sería de $391,1 menos.

En el caso de las prestaciones de Asignaciones Familiares, la diferencia negativa para los doce meses de 2018 alcanza los $791,13 para sueldos de hasta $21.921; $532,1 para sueldos de hasta $32.152; $320,42 para sueldos de hasta $37.120 y $168,66 para sueldos de hasta $73.608.

Este cambio en el mecanismo de actualización afecta a 4.124.958 niños, niñas y adolescentes que reciben AAFF y a 3.941.893 que reciben Asignaciones Universales y vuelve más inequitativo al sistema de transferencias (al ampliar la brecha entre AUH y deducción de ganancias).

Los compromisos internacionales vigentes en materia de derechos económicos sociales y culturales y derechos de la infancia, así como la Ley 26.061, señalan expresamente que el Estado debe designar el máximo de los recursos disponibles para la garantía de derechos de la infancia y adolescencia; más aún, tiene vedadas las medidas regresivas que disminuyen la inversión pública para la garantía de los derechos de la niñez.

El Comité de Derechos del Niño ha señalado expresamente, que “[en] tiempos de crisis económica, solo puede considerarse la posibilidad de adoptar medidas regresivas cuando se hayan evaluado todas las demás opciones y garantizando que los niños, particularmente aquellos que están en situaciones de vulnerabilidad, serán los últimos en verse afectados por tales medidas”.

Preocupa especialmente que, del amplio abanico de los gastos estatales o medidas de reforma tributaria en debate, se haya priorizado una reforma que recorta los fondos que permiten garantizar los derechos de la infancia, personas con discapacidad, y personas mayores.

En este contexto, urge que la Comisión Bicameral del/de la Defensor/a de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes entre en funciones.

Ante las demoras en la designación de un/a Defensor/a del Niño, cargo vacante desde su creación por ley en 2015, resulta crucial que la Comisión cumpla con su función de velar por el efectivo respeto a los derechos y garantías legales asegurados a las niñas, niños y adolescentes. En el contexto actual, implicaría buscar los mecanismos concretos para subsanar este cambio regresivo en los montos de las asignaciones familiares y las asignaciones universales.

El rol de la Comisión Bicameral es clave; los niños/as y adolescentes no pueden ser la variable de ajuste.