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Un mapa colaborativo y latinoamericano para exigir el derecho a la conectividad

En un esfuerzo conjunto WINGU, Red comunidades, TECHO, Diversidad Rural y ACIJ lanzaron #AcáNoHayInternet, un proyecto que permite mapear las zonas de América Latina donde falta acceso a conectividad.

Por Lucía Cholakian Herrera

Tener conectividad es condición para acceder a otros derechos, y el aislamiento y la falta de cotidianeidad en las aulas y espacios de trabajo lo hicieron más evidente. Internet no es sólo aquel espacio donde niñas, niños y adolescentes socializan cada vez más, sino que ahora es la vía para garantizar su acceso a la educación, a la cultura y a información sobre su salud, entre muchas otras utilidades. Y mientras algunos sectores dan por sentado que la conectividad está garantizada, la realidad es que es un recurso que escasea en numerosos lugares de la Argentina y de América latina. 

Los resultados de un trabajo de UNICEF Argentina indicaron que el 18% de las y los adolescentes no tiene Internet en su casa y que el 37% no tiene acceso a una computadora, notebook o tablet. Y como Infancia en Deuda menciona en un artículo sobre esta temática, el subregistro es una parte importante del problema de la conectividad en el país y afecta a muchos países de América latina.

Por eso el objetivo de #AcáNoHayInternet es ambicioso pero urgente: el mapeo como primer paso visibilizará los territorios donde no hay conectividad en la región y tomará los datos sistematizados para pensar posibles estrategias de respuesta. El paso siguiente será pensar cómo se puede responder a esta problemática según las particularidades de cada territorio, porque la conectividad se puede garantizar por distintas vías que en general tienen que ver con las capacidades de cada zona.  

Infancia en Deuda entrevistó a Rosario Fassina, socióloga y coordinadora del Programa Derechos a la Ciudad de ACIJ, para conocer mejor el proyecto y el método del mapeo. 

¿Cómo surgió la idea del mapeo? 

Es una iniciativa conjunta entre varias organizaciones. ACIJ, Wingu y TECHO ya veníamos trabajando en otros proyectos que vinculan la brecha digital y el acceso a internet. Nosotros ya habíamos llevado adelante iniciativas como “Caminos de la Villa” que pone en los mapas las villas en la Ciudad de Buenos Aires. TECHO, por su parte, ya venía trabajando en relevamientos de barrios populares con Wingu.

Una de las principales falencias que evidenció la pandemia es que el derecho de acceder a internet era uno de los tantos vulnerados. En un contexto normal, la falta del acceso a agua, luz y demás servicios es super dramático. A esto se suma la falta de acceso a internet, que ahora resulta un derecho fundamental. Una vez que pusimos esto en común nos dimos cuenta de que excede a la ciudad y las villas: es un problema también en las comunidades rurales. Con el conocimiento que ya teníamos de trabajar con cartografía y georreferenciación de información, armamos una metodología similar para tener el primer diagnóstico que nos lleve a pensar maneras de incidir en políticas públicas y mostrar y visibilizar las condiciones de acceso a internet en nuestra región. 

¿Por qué se proponen hacerlo regional?

No solo lo federalizamos, sino que lo regionalizamos. Varias organizaciones de nuestro consorcio tienen oficinas internacionales, trabajo en toda la región, y nosotros trabajamos de manera articulada con otros países. El problema excede a la Argentina, a nivel regional el acceso a internet resulta super deficitario, ya sea en poblaciones urbanas segregadas o zonas rurales. 

Nos parecía importante mostrar que, si bien hay realidades distintas, este es un derecho que estaba siendo vulnerado en toda la región. La pandemia nos está golpeando a todos por igual, pero a las poblaciones vulneradas les está pegando distinto esta deficiencia, por múltiples razones. 

Nuestro trabajo previo nos ayudó a identificar esto. Es una realidad que vivimos día a día: los vecinos y las vecinas nos dicen que no tienen acceso a internet, y además nosotros ya habíamos llevado acciones de demanda al GCBA sobre este asunto. Y luego se sumaron organizaciones que tienen trabajo con las comunidades rurales, zonas que estaban quedando afuera del acceso a internet. Una vez que se lanzó la plataforma confirmamos nuestra suposición, casi todos los puntos identificados en el mapa están enmarcados en esos dos territorios: barrios populares y zonas segregadas. 

¿Qué participación tuvo el mapeo en los primeros días? ¿Cómo se sigue después de esta etapa? 

La plataforma la lanzamos hace pocos días, y ya tenemos 154 puntos marcados en el mapa, tenemos una participación muy activa, un poco más de 100 de esos puntos están referenciados en la Argentina. No sólo recabamos información sobre dónde falta internet, sino también preguntamos algunas cosas que nos van a ayudar a entender mejor las problemáticas, que nos van a servir para pensar qué políticas pueden ayudar a revertir esta realidad. ¿Qué tipo de derechos se vulneran? ¿Qué tipo de comunidades? ¿Afecta sólo viviendas o también establecimientos educativos, comunitarios, de salud? Responder estas preguntas es central para tener un estado de situación. 

¿Conocen políticas concretas que se podrían implementar hoy y no se están implementando?

Nuestra experiencia desde ACIJ es Ciudad de Buenos Aires. En la demanda que le hicimos al Gobierno de la Ciudad mencionamos indicios sobre por donde pensamos que debería empezar a trabajarse: el horizonte ideal es que los barrios populares, las villas y los asentamientos cuenten con la infraestructura para acceder a internet en condiciones de igualdad. Este acceso no puede depender de la capacidad de pago: es un servicio esencial, se constituye como derecho, que quede condicionado a la capacidad de pago es un problema y nuestro horizonte es que cuenten con la infraestructura para proveer el servicio con calidad. Mientras eso suceda, pedimos que el GCBA pueda asegurar el acceso a internet de múltiples maneras. Y, en lo que respecta a infancias y adolescencias, que se garantice que accedan a la escuela de forma remota. 

Partimos de la base de que deberían explorarse todas las opciones: no se puede esperar. Tienen múltiples recursos para pensar cómo universalizar este derecho. En el corto plazo, la solución no va a ser la ideal ni la definitiva, y quizás no sea con la calidad óptima, pero de mínima hay que empezar a pensar alternativas para liberar el acceso a internet a las comunidades que lo requieran. Y, en paralelo, hay que llevar políticas concretas que garanticen el desarrollo de la infraestructura necesaria más allá de la emergencia. 

¿Qué papel pueden jugar las organizaciones en esta garantía de derechos? ¿Depende sólo del Estado garantizar el derecho a la conectividad? 

El rol de la sociedad civil con la plataforma #AcáNoHayInternet es muy claro: visibilizar una realidad que hoy está bastante tapada, que tiene que ver con hacer lo que está a nuestro alcance. Es un primer paso, poner de relieve qué está sucediendo, visibilizarlo, mostrar la gravedad del problema. De esta manera, trabajar en cómo disminuir las brechas digitales, tener la capacidad de instalar este tema en agenda, entender que internet es un servicio esencial. Instalar en la agenda el acceso a la información, que es otro derecho vulnerado ahora. Tenemos que incidir en las políticas nacionales de cada uno de los gobiernos de la región. Éste es un primer paso, trabajar desde la sociedad civil visibiliza y pone en agenda estas cuestiones de desigualdad. El Estado es responsable de garantizar los derechos esenciales de acceso a la salud, educación e información. 

***

Para participar del mapeo, hay que entrar a www.acanohayinternet.org e ingresar información de la zona en la que falta internet: país, ciudad, estado y barrio. Una vez que la información sea enviada, se podrá visualizar el territorio mapeado. Además, se pueden descargar los datos abiertos del proyecto haciendo click acá

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