Una plataforma electoral para la infancia

¿Cuáles son las acciones para la niñez y la adolescencia que deberían priorizar quienes van a gobernar la República Argentina?

Pedimos a las candidatas y los candidatos a ocupar cargos en el Poder Ejecutivo (en cualquiera de sus niveles) que se comprometan a impulsar y garantizar un núcleo de derechos básicos y prioritarios para la niñez y la adolescencia de nuestro país.

A quienes se postulan a integrar el Poder Legislativo, les pedimos un compromiso que rompa la incercia en la que llevan 14 años sin poner en funcionamiento la defensoría de niñas, niños y adolescentes.

En este sentido, los exhortamos a incorporar las problemáticas de la niñez y la adolescencia de nuestro país en los debates de cara a las elecciones, para conocer qué proponen las diferentes fórmulas ante el contexto de grave vulneración e inequidad en el ejercicio de derechos.

DEFENSORÍA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes debe monitorear las políticas públicas para la protección integral de la infancia y velar por el cumplimiento de los derechos que el Estado tiene que garantizar a niñas, niños y adolescentes: a la vida, a una buena calidad de vida, a la dignidad e integridad física, psíquica, sexual, a la seguridad social, a la atención integral de la salud, entre otros.

La ausencia de la figura responsable de la garantía de los derechos de la infancia no puede prolongarse más; ya que cada día de incumplimiento se profundiza aún más la vulneración de derechos de las niñas, niños y adolescentes en nuestro país.

Por ello, reclamamos el cumplimiento de la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, mediante el urgente tratamiento y ratificación de las personas elegidas por concurso de oposición y antecedentes, en línea las recomendaciones del Comité sobre Derechos del Niño, organismo de Naciones Unidas que supervisa la aplicación de la Convención de Derechos del Niño.

• El Estado argentino debe asegurar la puesta en marcha inmediata de la Defensoría del Niñas, Niños y Adolescentes, y garantizar los recursos necesarios para el correcto funcionamiento del organismo.

INFANTILIZACIÓN DE LA POBREZA

La infancia es la población más empobrecida del país: según datos del primer semestre de 2019 difundidos por el INDEC, el 52,6% de las niñas y niños menores de 15 años son pobres y la indigencia subió de 8 a 13,1%. Un informe elaborado por CIPPEC, junto al PNUD y el Cedlas, revela que el 47,9% de las personas en situación de pobreza estructural tiene menos de 15 años.

La situación de pobreza en que transitan su infancia la mitad de las niñas y niños argentinos torna imperativo implementar políticas públicas adecuadas para atender las vulneraciones de derechos a niñas, niños y adolescentes que se producen y/o agravan como consecuencia de la pobreza.

Reclamamos que candidatas y candidatos se comprometan a:

• Cumplir con las pautas legales que garantizan la intangibilidad de los fondos destinados a la infancia y la adolescencia: la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establece que el Estado realizará siempre inversiones crecientes, exige absoluta prioridad para la atención y la asignación de recursos destinados a las políticas públicas de infancia y dispone “la intangibilidad de los fondos destinados a la infancia, adolescencia y familia establecidos en el presupuesto nacional”.
• Desarrollar una política estratégica integral para superar la exclusión estructural en la que viven las niñas y niños y sus familias, ampliando los espacios de educación, crianza y cuidado con el debido respeto por el enfoque de los derechos del niño y su interés superior.
• Asegurar la universalidad y equidad del régimen de transferencias para la infancia y la adolescencia. Un esquema de transferencias para las familias con niños/as debería ser universal para garantizar los derechos de niñas y niñas y erradicar la pobreza infantil. Sin embargo, alrededor de un millón y medio de niñas, niños y adolescentes de familias vulnerables aún no están cubiertos por este esquema de transferencias.
• Ampliar los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) hasta cubrir la Canasta Básica Total por niña/o promedio para garantizar el acceso a derechos básicos como la alimentación y la salud; e impulsar las medidas legislativas necesarias para asegurar su actualización automática en función de la inflación, separando su movilidad de los incrementos salariales.

EDUCACIÓN

En nuestro país hay brechas significativas en materia de acceso a la oferta educativa y calidad de la educación que afectan particularmente a los sectores vulnerables.

• Es necesario ampliar la oferta educativa pública de nivel inicial en todos los distritos de la Argentina y promover la ampliación de la cobertura de la escolaridad de jornada completa en el sistema de gestión estatal de acuerdo con la Ley Nacional de Educación (la mayoría de los niños y niñas que cursan la educación primaria asisten a escuelas de jornada simple).
• Además, es urgente que la Ley de Educación Sexual Integral, aprobada en el año 2006, se aplique en todos los niveles educativos de todas las escuelas del país.
• Otra tarea impostergable es efectivizar el derecho a la formación en nuevas tecnologías, ya que la enseñanza de computación en la escuela primaria no llega al 50,6% de los estudiantes (ODSA, UCA).
• Por otro lado, es imperativo adoptar medidas para que las escuelas comunes públicas y privadas permitan el ingreso de las niñas y niños con discapacidad, e implementen medidas de accesibilidad, apoyos y ajustes a fin de garantizar plenamente su derecho a la educación inclusiva.

SALUD

Según datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, durante 2018, dos de cada 10 niños/as no asistieron a una consulta al médico y el 44% de los chicos/as no realizó una consulta al odontólogo. En el conurbano bonaerense, el 63% de la infancia se atiende en el sector público de salud.

Resulta fundamental impulsar acciones para difundir campañas de prevención sanitaria y garantizar el acceso efectivo a la cobertura de salud para todos los niños y niñas.

• El 20% de la población con Chagas del planeta vive en Argentina y todos los días corren riesgo de infectarse 7 millones de personas en nuestro país (ACIJ).
• Un análisis de sangre durante el embarazo permite identificar la enfermedad. Sin embargo, aunque es obligatorio por ley, en 2019 se realizarán 120 mil controles menos que el año pasado. Cada año, más de 1300 niñas y niños nacen con Chagas en nuestro país pero solo se diagnostica el 50% de los casos.
• El Estado debe cumplir con su obligación de diagnosticar oportunamente el Chagas, una de las enfermedades endémicas y desatendidas que afectan el territorio nacional, y brindar seguimiento a los casos positivos para que puedan curarse de la enfermedad.

De acuerdo con el informe anual del Órgano de Revisión Nacional (ORN), en 2018 se registraron 1327 casos de internaciones de niñas, niños y adolescentes en hospitales psiquiátricos de la Ciudad de Buenos Aires. Las internaciones de niños, niñas y adolescentes deben ser aún más excepcionales que las de personas adultas; no obstante, el número de niñas y niños internados se ha incrementado en los últimos años, y actualmente representa casi el 40% del total de las internaciones involuntarias.

• El Estado tiene la obligación de adoptar medidas para evitar la institucionalización de niñas, niños y adolescentes por motivos de salud mental, garantizando sus derechos a recibir un tratamiento en la comunidad y a no ser separados de sus familias.

Cada año, se producen casi 2500 nacimientos de embarazos no intencionales que corresponden a niñas y adolescentes menores de 15 años; la mayoría, producto de abusos sexuales.

• El Estado debe sostener y fortalecer el desarrollo del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA) y escalar su aplicación a todo el territorio nacional supervisando su efectiva implementación en las provincias: robustecer sus dipositivos de intervención, sumar metas de cobertura y nuevas provincias, asegurar el acceso a métodos anticonceptivos mediante las consejerías en salud sexual y reproductiva, y reducir riesgos mediante la Educación Sexual Integral.

En Argentina, 4 de cada 10 niñas, niños y adolescentes tienen sobrepeso u obesidad, de acuerdo con los datos priorizados de la 2da Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS 2),

Según este informe, que volvió a realizarse después de 14 años, el 20,7% de los niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años tienen sobrepeso, en tanto que el 20,4% presenta obesidad: así, el 41,1% de las chicas y chicos argentinos está por encima de su peso saludable, que es casi el triple del porcentaje esperado para la edad (15,9%). Sin embargo, aún no conocemos la totalidad de los resultados de la Encuesta, que se llevó adelante con significativos retrasos y faltas de transparencia.

• Hace falta una política adecuada de medición constante y con mayores niveles de previsibilidad y transparencia para conocer fehacientemente el estado de la situación nutricional de niños, niñas y adolescentes y sus principales deficiencias (bajo peso, desnutrición y obesidad), a fin de implementar una política nutricional adecuada.
• El Estado debe garantizar el acceso a alimentos de calidad. Además, tiene que impulsar medidas regulatorias y activar campañas integrales de educación y concientización sobre alimentación saludable.

LEY DE EGRESO

En la Argentina hay más de 10.000 niñas, niños y adolescentes que han sido separados de sus familias por situaciones de violencia o maltrato y viven sin cuidados parentales en distintos dispositivos de cuidado formal, como los hogares convivenciales o residencias. Muchos de ellos egresan a los 18 años de la vida institucional sin ningún tipo de acompañamiento para la vida independiente.

• El Estado debe implementar el Programa de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin cuidados parentales (PAE) creado por la ley 27.364, que otorga un acompañamiento emocional y económico para adolescentes y jóvenes sin cuidados parentales.

La norma se sancionó en 2017 con la unanimidad de ambas cámaras y se reglamentó en 2018 mediante el decreto 1050/2018. Sin embargo, está pendiente su efectiva puesta en marcha a lo largo del territorio nacional.

Los estados provinciales deben adherir al PAE mediante un convenio con SENNAF, capacitar a los referentes, generar equipos provinciales e incluir a los jóvenes correspondientes para iniciar la implementación.