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Defensoría Nacional de la Niñez: el Senado paraliza la designación y deja el concurso al borde del vencimiento
Mientras el Poder Ejecutivo y las fuerzas aliadas concentran sus esfuerzos en negociar reformas y ajustes para las sesiones extraordinarias, la protección de los derechos de las infancias quedó fuera de la agenda oficial. Hasta hoy, la Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes continúa sin autoridades designadas, una situación de acefalía que el Senado se niega a resolver.
El estado de situación: un concurso bajo riesgo de caducidad
A casi seis meses de haber finalizado el concurso público, Argentina sigue sin una Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes plenamente en funciones. No por falta de candidatos/as ni por demoras administrativas, sino por una decisión política: el Senado no trata la designación.
El proceso de selección concluyó el 22 de septiembre de 2025, cuando la Comisión Bicameral elevó formalmente una propuesta de postulantes surgida del concurso público, tal como establece la Ley 26.061. El 8 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó el orden de mérito sin modificaciones. Desde entonces, el expediente permanece sin tratamiento en el Senado.
El Reglamento del Concurso establece que el proceso tiene una vigencia de 180 días desde la elevación de la propuesta a las Cámaras (art. 19), plazo que vence aproximadamente a mediados de marzo de 2026. Si el Senado no trata la designación dentro de ese período, el concurso quedará agotado y el procedimiento deberá iniciarse nuevamente desde cero, prolongando por tiempo indefinido la falta de autoridades en un organismo central para la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes.
No se trata de un tecnicismo ni de una falla administrativa. Es un bloqueo institucional con consecuencias concretas. La ausencia de autoridades designadas conforme a la normativa vigente limita la capacidad de la Defensoría para intervenir frente al Estado y ante actores privados, defender derechos vulnerados, exigir el cumplimiento de políticas públicas, monitorear recortes presupuestarios y actuar frente al deterioro del sistema de protección integral.
Todo esto ocurre en un contexto crítico: en Argentina, casi la mitad de las niñas, niños y adolescentes vive en situación de pobreza, mientras se profundiza el ajuste sobre políticas clave como educación, salud, protección social y prevención de violencias.
La Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 26.061 obligan al Estado a la máxima satisfacción posible de sus derechos. La omisión del Senado en incluir esta designación en el temario de sesiones extraordinarias es una violación a estos compromisos internacionales y nacionales.
