Grave retroceso institucional: Organizaciones alertan que el nuevo reglamento para elegir al titular de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes es ilegal

El proyecto impulsado en la Comisión Bicameral elimina el examen escrito de oposición y restringe la participación de la sociedad civil y las propias infancias en la elección de un cargo clave para el país.

Una coalición de las principales organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes emitió hoy un duro comunicado de alerta ante la inminente reforma del Reglamento del concurso público 2026 para la designación del Defensor/a Nacional. Según advierten, la iniciativa que la Comisión Bicameral pretende aprobar en su sesión de este 30 de junio viola explícitamente las normativas vigentes.

El eje principal del reclamo radica en la eliminación de las instancias de examen escrito y del consecuente orden de mérito de las y los postulantes. Las organizaciones firmantes denuncian que esta modificación vacía por completo de contenido el concepto de «concurso público de antecedentes y oposición» exigido por el artículo 49 de la Ley 26.061. En el ordenamiento jurídico argentino, la ausencia de una evaluación formal y de un puntaje objetivo anula la única etapa transparente capaz de certificar la idoneidad técnica de los aspirantes.

De hecho, en el último concurso sustanciado para este mismo cargo, más de 70 profesionales y postulantes resultaron desaprobados en la etapa de examen escrito, lo que demuestra la absoluta necesidad y el rigor de mantener una evaluación sustantiva y verificable.

Además del plano técnico del concurso, el nuevo reglamento introduce severas restricciones al monitoreo ciudadano y comunitario mediante la creación de un «Registro Especial Ad Hoc». Las organizaciones detallan los siguientes puntos críticos:

• Barreras burocráticas y exclusión económica: Se imponen condiciones de inscripción formal que funcionan como filtros disuasorios, exigiendo declaraciones de fondos extranjeros u obligaciones de personería que marginan por completo a colectivos territoriales, asambleas de barrios populares y organizaciones de base de bajos recursos.
• Poder discrecional de veto: El reglamento otorga a la Comisión la potestad de rechazar o admitir organizaciones bajo criterios opacos, quebrando los estándares de control ciudadano que rigieron en los dos concursos anteriores.
• Vulneración del derecho a ser oído: La propuesta elimina la participación directa de niñas, niños y adolescentes en el proceso de selección, omitiendo las metodologías de escucha obligatorias que exige el bloque de constitucionalidad.

Ante este escenario de desmantelamiento institucional, las organizaciones solicitaron formalmente el rechazo íntegro del proyecto de reglamento. Exigen que se asegure un procedimiento que respete los principios de idoneidad, concurrencia y máxima transparencia pública, indispensables para afrontar el crítico contexto socioeconómico que atraviesa la niñez en todo el territorio nacional.