El acceso a la conectividad como un problema de desigualdades

El subregistro y las desigualdades geográficas, sociales y pedagógicas hacen que la falta de acceso a la conectividad vulnere derechos de niñas, niños y adolescentes en todo el país. Y no es un problema meramente tecnológico ni de centros urbanos, como explican especialistas en el tema.

A pesar de las flexibilizaciones de la cuarentena en el mundo y en casi todas las jurisdicciones de Argentina, la batalla contra el COVID-19 y su velocidad de contagio continuará por un tiempo que aún no está claro. Esto significa que los Estados comienzan a considerar un ida y vuelta alternativos de los protocolos de aislamiento. En este contexto internacional, se evidencian problemáticas simultáneas que tienen larga data. Una de ellas, y quizás una de las más determinantes en estos tiempos, es la de la falta de acceso a la conectividad.

Recientemente, UNICEF Argentina realizó una encuesta para medir el impacto de la pandemia en los hogares argentinos y relevó que el 18% de las y los adolescentes no tiene Internet en su casa y el 37% no tiene acceso a una computadora, notebook o tablet. Esto no solamente afecta su socialización sino, sobre todo, su educación. En estos tiempos, carecer de acceso a conectividad vulnera derechos fundamentales.

Desde Infancia en Deuda conversamos con especialistas y funcionarios del Ministerio de Educación y el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para echar luz sobre los orígenes, los principales desafíos de esta situación y los proyectos a futuro.

Faltan números

A la hora de hablar sobre conectividad en la Argentina, el primero de muchos obstáculos es el sub-registro existente a nivel nacional. El sub-registro implica dos cosas: por un lado, que no se puede asegurar con certeza qué porcentaje de la población carece de acceso a internet, y por el otro, que no hay suficientes recursos para afilar las políticas públicas necesarias que puedan resolver el problema en el corto plazo. Y esto representa una dificultad para el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes de toda la Argentina no solo en tiempos de pandemia. 

“De la gestión anterior quedaron conectadas el 40% de las escuelas, que son 20.000”, relata Laura Marés, quien está ahora a cargo del Educ.ar. “Esa conectividad se venció en junio y la pandemia nos encontró en mitad del proceso de renovación”, agrega. La pandemia frenó el encuentro en las aulas. Entonces, explica Marés, comenzaron a buscar soluciones para que se pudiera acceder desde el teléfono. En el mismo sentido, ENACOM logró un acuerdo con las proveedoras de servicio telefónico para que la navegación por los portales educativos no consumiera datos. “De esa manera llegamos a mucha más gente: el 90% de la población tiene celular, el 60% tiene internet.”  

En la Ciudad de Buenos Aires, la ausencia de registro también se vuelve un obstáculo. Francisco Rodríguez, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), explica que la organización logró una medida cautelar hace más de un mes que instaba al GCBA a proveer de conectividad a todos/as los/as estudiantes de la Ciudad, pero la respuesta de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta no fue más que dar una batalla judicial inconducente mediante la recusación del juez que quedó a cargo. “Lo más complejo en CABA es que el GCBA no produce la información previa que se requiere para realizar una política pública informada que pueda garantizar el derecho. El gobierno de la Ciudad no busca solucionar este reclamo. El juez había dictado la creación de un registro de estudiantes que tuvieran necesidades pedagógicas insatisfechas (ya fuera acceso a internet o a una PC). En ese momento, el juzgado dispuso un mail para enviar datos básicos de los estudiantes: cada persona enviaba una declaración jurada por mail explicando que no tenía acceso. Esto, judicialmente se había considerando válido para comenzar a generar un registro”. La persistencia de las recusaciones de la Ciudad generó que el juzgado no tenga garantizado continuar a cargo de la causa, por lo que el registro y la decisión judicial siguen vigentes pero ahora el problema es que el registro no se puede operativizar. 

Pero la lucha de ACIJ continúa. En este momento trabajan con datos que están reconstruyendo y que indican, a grosso modo, que hay 650.000 estudiantes en la Ciudad, y que el 14% no posee conectividad. “Esto significa que habría unas 90.000 niñas y niños que no acceden”, calcula Rodríguez. Este número suena impactante cuando se contrasta con una información que obtuvieron mediante un pedido de acceso a la información al Gobierno de la Ciudad en el que  se puede leer que entregaron sólo 6.224 computadoras en este período. “Hay una vulneración a los derechos. Se podría esperar que hacer llegar internet lleve un tiempo, pero habría que empezar con un plan y conocer qué barrios son los que necesitan con más urgencia. El GCBA asume una política completamente diferente y ponen trabas procesales”, dispara.

Las desigualdades

Cuando se habla de conectividad en la Argentina, las desigualdades son múltiples pero se organizan fundamentalmente en dos: la social y la geográfica. 

Mientras en algunos casos la desigualdad social se manifiesta con claridad en los centros urbanos, donde, como en el caso de Capital Federal los recursos para proveer de internet penden más de la voluntad política que de la disponibilidad; en otras zonas del país la desigualdad geográfica pesa más.

Gustavo López, vicepresidente del ENACOM, lo pone en las siguientes palabras: “Cuando una población no está conectada, se cae la actividad productiva, no puede tener parques industriales ni fábricas, ni siquiera bancos o cajeros automáticos. Para quienes vivimos en centros urbanos es algo que no tenemos tan presente, pero hay pueblos que no tienen ni un banco”. López pone como ejemplo, las zonas en las que montar las redes es un desafío en términos de infraestructura, como el delta del Paraná. Y, claro, esto trae consecuencias directas en la desigualdad de acceso a la educación. El vicepresidente de ENACOM explica que el aislamiento puso aún más de manifiesto la disparidad en la brecha digital, fundada en las diferencias entre vivir en una zona u otra.

En ese sentido, el ente trabaja en distintos programas para sortear estas desigualdades: en este primer tramo, se invertirán entre 4 y 5 mil millones de pesos para comenzar las obras de infraestructura necesarias. “La obra de infraestructura es lo más costoso”, sostiene. “Lo vamos a hacer, y luego seguiremos liberando fondos a medida que venga la demanda para hacer las obras. La idea es ir poniendo año tras año fondos que salgan del fondo de servicio universal, destinado a la conectividad. Le damos prioridad a las instituciones de salud y educación, a la ruralidad, a los pueblos pequeños, a los barrios populares, básicamente a una política del Estado donde el privado no está, o no le interesa, o no quiere brindar un servicio. Todo esto con la idea de generar condiciones de equidad”. 

Marés cuenta que, desde Educ.ar, buscan “conectar todas las escuelas, porque hay 5.000 que están en zonas de alta montaña y no tienen datos ni internet”.

El Ministerio de Educación trabaja codo a codo con ENACOM y ARSAT -empresa de telecomunicaciones del Estado- para buscar alternativas: una de ellas es instalar servidores con múltiples contenidos y hacer una actualización periódica. Mientras se buscan soluciones de emergencia para este contexto, como lograr que se pueda acceder a los contenidos sin datos en el celular, apuestan a medidas de largo plazo para las localidades que hoy no tienen conectividad, como las de montaña, las cercanas a la cordillera y en el norte del país. “Hay articulación con los gobiernos provinciales, que son los que ayudan a determinar cuáles son las localidades con mayor falta de acceso”. El objetivo es disminuir la brecha digital en los números: “Estamos trabajando para sacar una licitación de conectividad del 100% de las escuelas a instalar durante el verano.”.

Este objetivo que se puso desde el Ministerio está enmarcado en el re-lanzamiento del Plan de Conectividad Juana Manso, programado para el mes de agosto. Además de la conectividad en las escuelas, el plan incluye la entrega de netbooks a estudiantes de tercer año de secundaria y la creación de una plataforma educativa de acceso gratuito y de carácter federal.

La dimensión sociopedagógica

Alejandro Artopoulos, Doctor en Sociedad de la Información y Conocimiento, no es tan optimista sobre esta situación. “Mi hipótesis es que esta pandemia va a cambiar todo para siempre, no vamos a volver a la vida que teníamos en marzo, esa vida no existe más, no va a volver a existir”.

El experto trabaja capacitando a docentes en todo el país y reconoce que las falencias en la educación virtual no son ni sólo tecnológicas ni de acceso: son sociopedagógicas, y afectan a todos los estratos sociales. “Los docentes no saben ser docentes en línea, no importa el nivel socioeconómico y los recursos que tenga la escuela. La mayoría de los docentes no saben cómo ejercer su oficio docente en línea”, explica. “Un chico de una familia ABC1, con internet y computadora en su habitación, probablemente está haciendo cualquier cosa en el horario de clase, porque su maestra o maestro no sabe cómo enseñar online”. 

El especialista opina que es necesario atacar en los dos frentes: la conectividad es esencial y la desigualdad social es un factor determinante, también la actual ausencia de posibilidad de hacer tendidos es muchas zonas del país. Pero sin una mirada integral que incluya la formación docente, la educación virtual de calidad en la Argentina sigue siendo difícil de garantizar. “Muchas y muchos docentes no conocen la diferencia entre una carpeta de Windows y una de Google Drive”, ejemplifica.

“Las soluciones pedagógicas para seguir dando clase en línea son nuevas, para poder implementarlas necesitás docentes que tienen muchísimo conocimiento de las herramientas tipo Zoom, Google Classroom o Moodle. El problema que tenés es que si antes vos decías ‘bueno, el docente no sabe usar Moodle, vamos a ir capacitándolo’, no te preocupabas tanto. Esta situación radical hace que la estrategia cargue todo sobre aquellas herramientas que tienen que ver con la presencialidad”, define. 

Explica que las herramientas disponibles hoy se dividen en sincrónicas (como las del Zoom, Google Classroom y videollamadas en general) y las asincrónicas: aquellas que permiten que se suban tareas o se tomen las clases en video. “En las escuelas privadas, donde tienen recursos, se la pasan en zoom. Los docentes no saben hacer otra cosa que estar en una clase presencial. ¿Cómo hacés para que los docentes usen más herramientas asincrónicas? Ese tipo de preocupaciones son las que deberían estar en primer lugar”. 

El futuro 

Aunque aún no haya indicios para sospechar que la pos-pandemia llegará pronto, los proyectos y programas para avanzar en temas de conectividad ya se proyectan para en ese momento.

La diputada Blanca Osuna y el diputado Pablo Carro, del Frente de Todos, presentaron el proyecto “Ley para que la Conectividad a Internet sea un Derecho Humano y Servicio Universal”, que retoma ejes de la Ley de Argentina Digital. Además, el diputado Federico Fagioli, también del Frente de Todos, presentó un proyecto de ley para garantizar la conectivdad en los barrios populares. 

Desde el Ejecutivo, López asegura que en ENACOM continúan el trabajo junto a Educ.ar: “Van a relanzar el programa Juana Manso, que atiende la parte del instrumento físico, que es la netbook. Están en una licitación de 350.000 y luego 100.000 por mes, para que cada chico pueda tener su computadora. En ese diálogo, desde ENACOM nos toca llevar conectividad a las escuelas y los barrios populares”.