La coalición de organizaciones INFANCIA EN DEUDA rechaza la decisión del Ejecutivo nacional de reducir presupuestos de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Salud y Desarrollo Social para incrementar el presupuesto del Ministerio de Seguridad de la Nación (Boletín Oficial) y manifiesta su preocupación ante el ajuste de los fondos destinados la primera infancia y a la promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en un contexto recesivo y de alta vulnerabilidad social.
El recorte de la inversión social en infancia viola la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que establece que el Estado realizará siempre inversiones crecientes, y dispone “la intangibilidad de los fondos destinados a la infancia, adolescencia y familia establecidos en el presupuesto nacional”.
Recientemente, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU manifestó su preocupación respecto de las políticas sociales destinadas a la infancia. Ante la delegación argentina que se presentó en Suiza en mayo de este año, en el marco de la 78º Sesión del Comité, expertos de Naciones Unidas consultaron a las autoridades “por la posible situación económica en la que se pueda ver inmerso el Estado a raíz de los posibles ajustes que corresponda hacer, conforme a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional”.
La infancia es la población más empobrecida del país: casi la mitad de los niños argentinos son pobres, según el último informe del Barómetro de Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina (UCA), que confirmó en junio el dato de 48,1% de los chicos en situación de pobreza. En este marco, resulta alarmante la decisión de ejecutar una medida de ajuste en la población más vulnerable de nuestro país en lugar de apuntar a mejorar sus condiciones.
Un recorte de los recursos destinados a la infancia contribuye a la infantilización de la pobreza. Pedimos a las autoridades nacionales que revisen sus prioridades y se abstengan de ejecutar medidas de ajuste en la población más vulnerable de nuestro país en lugar de apuntar a mejorar sus condiciones.
Sin Defensor del Niño
INFANCIA EN DEUDA recuerda que el Defensor/a de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, cargo vacante desde hace 13 años, tendría a su cargo el control y la supervisión de las políticas públicas a fin de garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia, entre otras acciones destinadas a reducir la inequidad en el ejercicio de los derechos de niños, niñas y jóvenes.
Sin Defensor del Niño que supervise la ejecución y protección del presupuesto que el Congreso de la Nación asignó para garantizar las políticas de infancia, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia ha sufrido una reducción ilegal de más de 130 millones de pesos. El programa más afectado es el que promueve el sostenimiento de espacios de primera infancia para garantizar el acceso a la educación, salud y cuidado de niños y niñas en sus primeros años de vida.
